Con el objetivo de acercar experiencias de ambas organizaciones y, sobre todo, de ambas regiones del sur global, se realizó este lunes 15 de diciembre este encuentro que exploró las posibilidades de coordinar experiencias y acciones en pos de los derechos del trabajo de las y los servidores públicos y afianzar los lazos internacionales de las y los trabajadores del Sector Público.

Junto al dirigente keniata y el presidente de la CLATE, Julio Fuentes, estuvieron presentes Martín Pereira, de la COFE del Uruguay y secretario general de la Confederación; Maximiliano Rotundo, dirigente de la ATE y secretario de Relaciones Institucionales de la CLATE; el director de Formación, Ignacio Rodríguez y Darío Fuentes, del Equipo de la Presidencia.

Julio Fuentes expresó su satisfacción sobre este encuentro «con dirigentes de otros continentes que nos permiten compartir experiencias y buscar acciones conjuntas» y explicó a Ademba acerca de lo que sucede en nuestra Región: “ Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo. Nuestros países están atados a un sistema de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que ha condicionado fuertemente las posibilidades de desarrollo, porque para poder cobrar las deudas el FMI le impone a los gobiernos políticas de reducción de los servicios públicos. Frente a esto, CLATE y sus organizaciones luchan día a día por mejorar nuestras condiciones de trabajo y la calidad de los servicios públicos”.

El proyecto que llegó a La Moneda prometiendo transformaciones profundas terminó, con el paso del tiempo, administrando sin pudor el mismo modelo que decía querer superar. La moderación permanente, el temor a incomodar a los poderes económicos y la obsesión por el consenso vaciaron de contenido político a un gobierno que nació al calor de la movilización social y de una esperanza colectiva largamente postergada.

En el plano internacional, el balance es igualmente desolador, una vergonzosa subordinación a la agenda de la OTAN, EEUU y Occidente, acompañado de un silencio cómplice frente al permanente asedio militar y político en el Caribe. A ello se suma la incapacidad del Presidente Boric para asumir una posición clara en defensa de la soberanía regional, incluso cuando permanentemente se ataca un líder latinoamericano como Gustavo Petro, que ha enfrentado presiones externas de EEUU por impulsar un proyecto político propio, autónomo y de izquierda.

Cuando un gobierno renuncia a responder a las demandas estructurales de las grandes mayorías como pensiones dignas, salud pública robusta, vivienda, seguridad social y derechos laborales, se abre inevitablemente un espacio que la derecha dura sabe ocupar con eficacia. No con soluciones reales, sino con discursos autoritarios, simplistas y cargados de resentimiento social. Lo más relevante de este gobierno fue, sin duda, la expropiación de los terrenos de la megatoma de San Antonio, una decisión que puede considerarse la acción más significativa de toda la administración. Sin embargo, no fue el resultado de una convicción política profunda del Ejecutivo, sino producto directo de la presión sostenida de las y los pobladores, de la organización territorial y de la movilización social a lo largo del país. Fue el pueblo organizado el que obligó al Estado a actuar, empujando al gobierno a tomar una decisión que, de otro modo, difícilmente habría adoptado.

La desconexión permanente entre el Ejecutivo y el mundo popular se profundizó a medida que el gobierno se rodeó de operadores de la clase política, tecnócratas y figuras más preocupadas de sostener equilibrios internos que de empujar cambios reales. El resultado ha sido una administración ensimismada, incapaz de leer el malestar persistente que atraviesa a amplios sectores de la sociedad chilena.

En política, los vacíos no existen. Cuando la izquierda institucional renuncia a disputar el sentido común, cuando abandona la pedagogía política y la confrontación democrática con el poder económico, ese espacio es rápidamente colonizado por la ultraderecha. Así se explica el reposicionamiento de figuras como José Antonio Kast, cuyo proyecto autoritario y antipopular se alimenta del desencanto y la frustración acumulada.

La historia reciente demuestra que las medias tintas no contienen a la ultraderecha, la fortalecen. Gobernar sin convicción transformadora no neutraliza a los sectores reaccionarios, sino que los legitima como alternativa ante una ciudadanía cansada de promesas incumplidas.

Chile enfrenta hoy un escenario complejo, donde el retroceso no es una amenaza abstracta, sino una posibilidad concreta. La responsabilidad política de este momento no puede eludirse. La ultraderecha no llega sola, se le abre la puerta cuando quienes gobiernan deciden no cumplir el mandato popular que los llevó al poder.

Bajo el lema «Año 2025, justicia para los africanos y las personas de ascendencia africana a través de las reparaciones», la conferencia de dos días fue propuesta por el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune. Decenas de historiadores, juristas y expertos de África y de todo el mundo participan en lo que se ha descrito como un «gran juicio» contra el colonialismo.

«No es un favor» lo que pide África, sino un «derecho legítimo», declaró el ministro de Asuntos Exteriores argelino, Ahmed Attaf, en la apertura. Subrayó que la lucha continúa mientras estos crímenes no obtengan un «reconocimiento franco y responsable» y no sean tipificados en el derecho internacional como «crímenes imprescriptibles».

El ministro Attaf dedicó una parte central de su intervención a detallar los crímenes del colonialismo francés en Argelia, al que definió como «un modelo sin par en la historia» y el proyecto colonial más largo de la era moderna: 132 años.

«Cada palmo de esta tierra es testigo del horror, la crueldad y la tiranía del colonialismo francés», denunció, enumerando desde la conquista y la política de «tierra quemada» hasta los masacres del 8 de mayo de 1945, las expropiaciones y los intentos sistemáticos de alterar la cultura e identidad argelinas. Lo calificó como un «colonialismo de poblamiento en todo el sentido del término».

La conferencia adoptó una perspectiva continental. Attaf recordó que África no olvida otros horrores, como «la exterminación de la mitad de la población del Congo» y los crímenes cometidos en Camerún, Togo, Namibia, Angola y Madagascar.

Varios oradores coincidieron en que es el momento de ir más allá del reconocimiento y exigir reparaciones concretas. No obstante, se señalaron los desafíos. Fortune Zephania Charumbira, presidente del Parlamento Panafricano, advirtió: «Es difícil, porque quienes cometieron [los crímenes] se defenderán. ¿Hemos consignado todos los crímenes? Debemos empezar por eso».

Por su parte, el ministro tunecino de Asuntos Exteriores, Mohamed Ali Nafti, propuso explorar alternativas a la reparación puramente material, como garantizar una mejor representación de África en las instituciones internacionales o revisar el problema de la deuda.

El encuentro concluyó con un llamado unánime a «llamar a las cosas por su nombre» y a que el mundo «asuma sus responsabilidades». Se planteó que el colonialismo cometió, «antes de tiempo», todos los crímenes hoy condenados internacionalmente –de agresión, contra la paz, contra la humanidad y de guerra–, sumiendo al continente en una «oscuridad» mientras Europa vivía su Siglo de las Luces.

(Fuente: Surglobal.com)

El Consejo Ejecutivo de la ISP se reunió los días 3 y 4 de diciembre en la sede de la OIT en Ginebra, congregando a miembros del Consejo de todo el mundo para debatir las prioridades organizativas, las actualizaciones regionales, la financiación y las campañas fundamentales en favor de los derechos de lxs trabajadores.

Dirigentes sindicales de todo el mundo compartieron estrategias para construir un movimiento sindical combativo, capaz de organizarse a gran escala para hacer frente a las empresas y a la extrema derecha.

El EB dio forma a respuestas estratégicas sobre la defensa de las instituciones democráticas, la promoción de medidas de salud y seguridad en el lugar de trabajo, y el lanzamiento de una lucha mundial contra el asalto multimillonario a los servicios públicos.

El EB también dio la bienvenida a la ISP a más de una docena de nuevos sindicatos de todas las regiones, muchos de ellos del sector de la salud. Las actuales afiliadas a la ISP declararon 270.000 miembros adicionales.

(Fuente: ISP)