“Y salían en ciertas épocas a cazar enemigos, le llamaban la guerra florida” La noche boca arriba, Julio Cortazar.

18/O, 2019. Santiago de Chile, se desata la evasión del metro más grande de la historia, centenares de estudiantes de todas las comunas se organizan para intervenir la mayoría de las estaciones del tren subterráneo. Cuando cae la tarde en la capital, brota el furor desesperado del pueblo que se lanza en una insurrección espontánea, la cual fue llamada el “Estallido Social”, que rebotó en todas las ciudades del país.

Lunes 21 de octubre, Puerto Montt, Mellipulli, la ciudad de las cuatro colinas, huele a guerra, ni la brisa marina del puerto austral logra disipar el hedor a neumático quemado y a gas pimienta, solventes químicos impregnados en el cemento. Comienza el trajín cotidiano y los automovilistas perciben que algo sucedió la noche anterior, esquivan restos de barricadas y los semáforos inertes, arrancados del cemento, alteran el tráfico vehicular provocando bocinazos y frenazos.

Cronología de una Revuelta

En este contexto de vulneración de los derechos elementales de los ciudadanos, surge la figura de los Observadores y Defensores de Derechos Humanos de Puerto Montt, (O.D.D.H.), una organización que se levantó de manera espontánea dada la necesidad urgente de velar por los derechos elementales de la personas, más allá del brazo estatal y principal promotor moral de éstos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, también presente en la región.  

En Puerto Montt, la respuesta represiva al estallido social fue generando preocupación. Debido a las graves  y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, FF.AA y agentes del Estado. Entre los meses de octubre a enero de manera permanente la comunidad de Puerto Montt, fue testigo de la constante represión por parte de las fuerzas especiales, evidenciando el uso indiscriminado de la fuerza, tortura y malos tratos, lesiones graves por armas potencialmente letales, además del constante hostigamiento hacia el trabajo en terreno de los observadores de derechos humanos.

En el puerto austral, la situación se fue agravando ante el peligro inminente de la integridad física de los cientos de manifestantes que asistían diariamente a la marchas auto convocadas en la plaza cívica.  Situación que fue empeorando gradualmente. “Me vine desde Valparaíso, donde estudiaba con la intención de formar un grupo de observadores de Derechos Humanos, debido a una necesidad de proteger a la población, siendo un organismo que surge desde la sociedad civil con la capacidad de apoyo y resguardo que necesitaban las personas frente a situaciones de vulneraciones”, relata la aspirante a abogada y fundadora de ODDH Puerto Montt, Mories Oyazún. La actual presidenta de la organización reaccionó ante la injusticia que ocurría en la capital regional donde era urgente actuar de manera inmediata, “hice un llamado por las redes sociales a personas de todos los sectores, éramos un grupo absolutamente desconocido unos de otros, pero sí teníamos un interés común de cuidar y proteger los derechos de las personas en una situación de abuso, por lo cual empezamos a trabajar. En ese entonces no había metodología, nos pilló sobre la marcha en una situación que ameritaba salir a las calles y coordinarse”.

De esta forma, entre los meses de octubre hasta marzo del 2020, este grupo heterogéneo de observadores auto convocados, de distintas profesiones, oficios y edades, se desplegó en diferentes puntos de la ciudad. Recorrieron calles y poblaciones, comisarías, centros de salud, hospitales y tribunales de garantía, con la finalidad de asistir y proteger a las personas en situación de vulneración. En los días más álgidos de la revuelta, participó como observadora y parte del equipo de salud, la estudiante de enfermería, Camila Quintullanca. “Llegué a la agrupación unos días después del estallido social, vi a una persona con una credencial que decía Observador de Derechos Humanos, tenía  unas  siglas y me acerqué para sumarme, al día siguiente fui a la primera reunión y me uní de manera automática”. Así como Camila, fueron muchos los estudiantes que se unieron para colaborar en las manifestaciones con la intención de ayudar a las personas heridas y violentadas por las Fuerzas Especiales desplegadas en la ciudad. “Mi experiencia ha sido intensa emocionalmente ya que desde el inicio de una manifestación hay que estar atenta a todo tu entorno y observar detalladamente cada aspecto. Muchas veces arriesgamos nuestra integridad física, fui atacada con bombas lacrimógenas en el acto de asistir a los manifestantes heridos y además me apuntaron con escopeta de perdigones. En ese momento, luchar por tu vida era correr, levantar los brazos y esquivar, siempre tratar de esquivar”, evoca la observadora puertomontina.

Constitución de la Organización de Observadores de Derechos Humanos.

El origen de los Observadores y Defensores de Derechos Humanos Puerto Montt, es consecuencia directa de la revuelta en la ciudad. Se inscribe en el registro Público de Juntas de Vecinos y Organizaciones Sociales y Comunitarias de la comuna, (Fojas 5397, N° 5396, con fecha 22 de noviembre de 2019). Al mismo tiempo, ODDH Puerto Montt, coordinó y materializó acciones colaborativas de difusión y promoción de los DD.HH en establecimientos de educación superior, liceos, organizaciones sociales y Juntas de Vecinos, Así también, jornadas preventivas de salud y apoyo psicológico directo con las víctimas. “En los días siguientes se contactaba a los heridos para ver su condición actual de salud, si necesitaban algún tipo de curación. Fui varias veces a la casa de algún manifestante, hacer curaciones y  también si requerían apoyo psicológico. A todos los afectados se le ofreció ayuda con psicólogos voluntarios de la organización”, comentó la Tens.

Las labores de ODHH se dividen de la siguiente manera; Equipo de Observadores en Terreno, asiste y acompañan en las marchas y manifestaciones públicas para dar cuenta del uso de fuerza por parte de los agentes del Estado. Equipo Jurídico, orientan en casos específicos sobre vulneración de los derechos, actúan si el equipo en terreno lo necesite, debido a la aplicación de fuerza desmedida durante la detención. Equipo de Registro, acompañan y registran de manera gráfica y testimonial las marchas y manifestaciones públicas, generan respaldo visual con fines de difusión. Equipo de Salud, provistos de elementos de primeros auxilios asisten a los manifestantes en caso de ser requerido. Equipo de Educación, gestan y organizan actividades e iniciativas propias y colaborativa en función de promover y difundir los DDHH en establecimientos educacionales, universidades, escuelas y liceos. Por último, destacar la Comisión Reportes, quien se encarga de generar los informes mensuales acerca de las situaciones experimentadas y estadísticas de las detenciones en la ciudad de Puerto Montt.

Como una necesidad de informar a la comunidad y mostrar los hechos de primera fuente, el 4 de noviembre de 2019, el Equipo Jurídico de la ODDH en conjunto con la Comisión de Reportes, convocaron a un punto de prensa para compartir el primer informe mensual que dio cuenta de las detenciones y apremios ilegítimos efectuados durante el periodo del 20 al 30 de octubre del 2019. El  hito comunicacional fue relevante en el contexto de la desinformación e incertidumbre que había en ese entonces, no existían certezas sobre el número de detenido/as y lesiones durante el toque queda y las manifestaciones masivas perpetradas en la ciudad de Puerto Montt. Otro hecho importante ocurrió en diciembre, cuando los abogados del ODHH realizaron un Recurso de Amparo y Protección Preventivo presentado ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, esto debido a las agresiones y amedrentamientos por parte de las Fuerzas Especiales hacia los periodistas, reporteros gráficos, audiovisualitas y comunicadores independientes. El libelo fue elaborado por el abogado de la Agrupación de Observadores, Cristóbal Muñoz y la abogada defensora Nathalie Maragaño, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Por otro lado, el jurista de la organización, Cristóbal Muñoz, lleva la causa más emblemática de los presos en la revuelta. Felipe Santana, en la actualidad es acusado de múltiples hechos ocurridos en el mes de noviembre en la Catedral de Puerto Montt. El joven detenido se encuentra recluido en la cárcel de Alto Bonito, y es asistido en el ámbito de su salud física y mental, además de su situación social. En tanto, se espera que para el mes de julio se reinicie el juicio, cuando la pandemia calme. “Ha sido el caso más mediático a nivel regional, Felipe es acusado por el Ministerio Publico por varios delitos supuestamente cometidos en contexto de manifestaciones en la vía pública en el centro de la ciudad de Puerto Montt, donde la Intendencia se ha querellado invocando Ley de Seguridad de Interior del Estado, lo que no es muy usual, ya que esta ley queda reservada para casos calificados, es decir, donde existe un grave peligro para la seguridad de la ciudadanía”, apuntó el abogado defensor.

El futuro del INDH frente a las declaraciones del director, Sergio Micco.

Los Observadores de Derechos Humanos no quedaron al margen de las declaraciones emitidas por Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la entrevista concedida a un medio nacional cuando condicionó la aplicación de los Derechos Humanos a los deberes de las personas. De esta forma, manifiesta sus diferencias, Mories Oyarzún, fundadora de la Agrupación de Observadores de Derechos Humanos de Puerto Montt. “Me parece una falta absoluta de criterio, creo que es una persona que con la instrucción que se supone tiene, no debiese bajo ninguna perspectiva emitir declaraciones de ese tipo porque no solamente demuestran un poco falta de cordura sino que también falta de educación”.

Las declaraciones de Micco provocaron una fuerte crítica en la opinión pública y de las distintas organizaciones de DDHH nacionales, las cuales se replicaron durante varias semanas. Incluso sus propios pares y consejeros del INDH, fueron tajantes en negar las expresiones del director del Instituto y lo acusaron de “desconocer la incondicionalidad” y “desfigurar conceptos elementales de la doctrina” de los DDHH.

Las dudas generadas en las declaraciones del director del INDH, se suman al informe acerca del incremento de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social y el nefasto trabajo desarrollado por Carabineros en el aumento de apremios ilegítimos, exceso de la fuerza y la mínima colaboración en investigaciones de casos donde fue sobrepasado su accionar.

Oyarzún, es categórica al indicar que el director de Instituto de DDHH, debe tener la claridad y liderazgo necesario para asumir un rol clave en la defensa de los derechos fundamentales. “Finalmente cuando una persona está a cargo de una institución gubernamental, como es el INDH, no solamente tiene el deber de velar por el cumplimiento, respeto y la promoción de los Derechos Humanos a nivel institucional y de Estado, sino que también dentro de ese deber subyace otro que es un deber de responsabilidad de educación hacia la población, que es de hecho una de las aristas que se supone que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos”, remarca las diferencias entre la agrupación de Observadores de DDHH con el Instituto que es parte del Estado de Chile.

Proyecciones y desafíos de la ODDH Puerto Montt

La organización se ha consolidado con un trabajo valiente y eficiente a la hora de ofrecer apoyo a los ciudadanos que han sido víctimas de situaciones de abuso; monitorean y regulan el actuar de las fuerzas de orden, registran y permanecen cerca de las víctimas, derivándolas a instituciones especializadas como el Instituto Nacional de Derecho Humanos, Ministerio Público, Programa de Apoyo a víctimas de delitos violentos, entre otros.

Por su parte, uno de los objetivos de la agrupación es continuar con las actividades de educación, divulgación, difusión y promoción de los DD.HH en establecimientos de educación superior, liceos y Junta de Vecinos. En cuanto consideran que es una herramienta fundamental para promocionar los Derechos Fundamentales de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, su tarea es profundizar la preparación y elaboración de proyectos que apunten en esta área y aprovechar la diversidad profesional del grupo.

La validación de la ciudadanía ha legitimado el accionar de los Observadores de Derechos Humanos en Puerto Montt. El rol independiente de la agrupación colabora con el trabajo desplegado en las calles. Su autonomía les permite desarrollar acciones que fomentan la diseminación de ideas y defensoría de las libres opiniones, por muy dispares y divergentes que sean. Por tanto, sientan las bases de un debate político y de participación de la ciudadanía, sumado al fortalecimiento del trabajo colectivo y colaborativo con otras organizaciones de base social.  

Al finalizar, es necesario revisar las políticas nacionales sobre los Derechos Humanos, la real independencia del INDH, la Defensoría Penal y los procedimientos de Carabineros y FF.AA. en la sociedad chilena. Una Organización alternativa y comprometida como los Observadores y Defensores de Derechos Humanos viene a contribuir y aportar en ese sentido. Ampliar los derechos fundamentales a todas las personas y sujetos que conviven en el país, con la finalidad de colocar estas temáticas en primer lugar a la hora de una futura discusión constitucional.

Facebook: Observadores de DD.HH. Puerto Montt  //  Instagram: @observadores_ddhh_puertomontt

Twitter: @Obs_DDHH_PM

Redacción gentileza:    Katerina Molina Allende /  Amaru Quetzal.

Fotografías: Observadores de DD.HH. Puerto Montt

El índice de vulnerabilidad al Trabajo Infantil en la región de Los Lagos es de 32,7 puntos, siendo superior al promedio nacional de 23 puntos.

Como cada año, Chile conmemora el Día Mundial Contra el trabajo infantil que se realiza cada 12 de junio.  Tal como se realizó el año pasado, durante todo el mes de junio se desarrollarán diversas actividades, sin embargo y debido a la crisis sanitaria en la cual se encuentra el mundo, hoy es necesario comenzar a repensar actividades que nos permitan, en un entorno seguro, prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como promover la protección de todos los derechos de los niños y niñas.

Es por eso que desde la Seremi de Trabajo y Previsión Social se estará difundiendo una serie de cápsulas de video, en el que participan los integrantes del Comité de Trabajo Infantil y otros actores relevantes en la región de Los Lagos, enfocado no sólo en priorizar el mensaje de prevención y erradicación del trabajo infantil, sino también en relevar la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que en tiempos de crisis se ven aún más vulnerados, sobre todo de aquellos que se relacionan directamente con el trabajo infantil, como la educación, el esparcimiento y el juego, la explotación económica en todas sus formas, entre otros.

El Seremi del Trabajo y Previsión Social, Fernando Gebhard, explicó que se estima que en Chile hay 219 mil 624 niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil.

“El trabajo Infantil en nuestra región de Los Lagos se concentra principalmente en el sector comercio, agricultura y pesca. Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil en la región de Los Lagos es de 32,7 puntos promedio a nivel regional, siendo superior al promedio país, que es de 23 puntos. Los puntajes comunales varían entre 18 y 49 puntos”, explicó Gebhard.

El titular de la cartera de Trabajo en la zona detalló que existe un alto nivel de vulnerabilidad al trabajo infantil en Chonchi, Fresia, Puerto Octay, Quinchao, San Juan de la Costa, San Pablo, Quellón y Quemchi

En Castro, Frutillar, Ancud, Chaitén, Curaco de Vélez, Purranque, Dalcahue, Los Muermos, Cochamó, Calbuco, Puyehue, Llanquihue, Maulín, Río Negro, Queilen y Hualaihué es medio; mientras que en Palena, Futaleufú, Puqueldón, Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas es bajo.

El Índice de Vulnerabilidad al trabajo infantil es una herramienta estadística con el objetivo de que los países que aplican este modelo, puedan identificar territorialmente, en el caso de Chile a nivel comunal, la vulnerabilidad del territorio hacia el trabajo infantil.

La aplicación de esta herramienta, se realiza a través del análisis de 12 variables, agrupadas en 5 dimensiones, que en el caso de Chile fueron obtenidas a través de registros administrativos a nivel municipal, regional y nacional.

“El resultado de este análisis permite otorgar un puntaje a cada comuna permitiendo situarlas en alguno de los tres niveles de vulnerabilidad al trabajo infantil: baja, media o alta. En este sentido, es necesario mencionar que una comuna nunca deja de ser vulnerable al trabajo infantil, por el contrario, todas son vulnerables, sólo que unas lo son más que otras en comparación y contexto regional o nacional”, explicó el Seremi.

En tanto, el vice-presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, (CNC) Carlos Stange, valoró la iniciativa ministerial y envió un potente mensaje en rechazo al Trabajo Infantil, especialmente en el comercio informal.

“Rechazamos tajantemente el Trabajo Infantil. El comercio formal NO facilita esta instancia, pero, por el contrario, el comercio informal y el ambulante son propicios para el abuso de los niños. Debemos como sociedad, en particular el mundo público y privado, generar las condiciones para el trabajo para adultos que sean de calidad y de forma permanente, para evitar este abuso de los niños para generar ingresos” manifestó Stange.

¿QUÉ HACER EN CASO DE PRESENCIAR TRABAJO INFANTIL?

Todo depende de donde se encuentre el caso de trabajo infantil. Sin embargo, la primera acción es siempre denunciar a las instituciones pertinentes, tales como Carabineros de Chile o la Dirección del Trabajo.

Ahora, si el caso se encuentra en una escuela, la idea es abordar el caso dentro de la comunidad educativa, profundizando diagnóstico y llevando a cabo acciones que permitan erradicar esta situación concientizando a la comunidad escolar en su conjunto, incluido NNA, padres y apoderados/as, cuerpo docente, directivos y auxiliares.

Para ello, el objetivo es apoyar la creación de protocolos internos en las comunidades educativas que permitan un abordaje integral apoyándose de las instituciones que pueden aportar al caso (tales como la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD)  u otras locales).