“El artículo 52, de la Ley N° 18.575, dispone que las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa”.

Luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la Republica sobre la situación de posibles faltas a la probidad de parte de Consejeros Regionales de la Provincia de Chiloé. Específicamente de Federico Kruger Finsterbusch (UDI) y Francisco Cárcamo Hernández (RN). El pleno del Partido Socialista determinó que los Consejeros Regionales del PS, deberán interponer una denuncia ante el Tribunal Electoral Regional (TER) en contra de los dos Cores de Chiloé. Esto por incompatibilidad al mantener un vínculo laboral con la Corporación Municipalidad de Castro.

La denuncia

La acción se dio luego que el diputado por el distrito 25 de la región de Los Lagos, Fidel Espinoza denunció que los dos Consejeros Regionales, estarían faltando a la probidad. Lo anterior por mantener un vínculo laboral con la Corporación Municipal de Castro. Con sueldos millonarios, además de los percibidos en su calidad de consejeros regionales por la provincia de Chiloé.

De acuerdo al parlamentario, los dos consejeros, votaron en sucesivas sesiones del Consejo Regional, aspectos estrictamente beneficiosos para la Municipalidad de Castro. “Violando los principios de probidad administrativa”.

En ese sentido, los consejeros socialistas Manuel Rivera (Llanquihue), Francisco Reyes (Osorno) y Roberto Soto (Palena), deberán oficiar al Tribunal Electoral Regional. Hasta ese organismoa deberán adjuntar los antecedentes que podrían constituir una falta a la probidad administrativa. Lo anterior por parte de los consejeros de Chile Vamos, Federico Kruger Finsterbusch (UDI) y Francisco Cárcamo Hernández (RN).

Informe de la Contraloría

El informe emitido por la Contraloría, establece que “si los CORES han detectado que miembros de dicho cuerpo colegiado han ejercido sus facultades en contravención a la norma, es su deber concurrir al TER a fin de iniciar un juicio de cese del cargo por notable abandono de deberes”.

La jurisprudencia de la Contraloría General de la República, señala “que el principio de probidad tiene por objeto impedir que las personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio. Aún cuando aquel sea solo potencial, para lo cual deberán cumplir con el deber de abstención que impone la ley”.

Si bien, los Consejeros Regionales no tienen la calidad de funcionarios públicos ante la ley, sí deben cumplir en su calidad de CORES. La Contraloría señala que todas las normas de la probidad administrativa, deben ser cumplidas como cualquier otra autoridad pública. “La ley reconoce a los funcionarios el derecho a realizar otras actividades libremente, pero sólo en tanto este ejercicio sea conciliable con la posición que ocupan en la Administración del Estado…”.

Francisco Reyes (PS), Core Provincia de Osorno

El consejero del PS, Francisco Reyes, valoró la facultad fiscalizadora de los parlamentarios y parlamentarias del PS en la región. Si embargo lamentó la falta de coordinación y respeto a las funciones y atribuciones de cada uno. Denunció además una campaña comunicacional en contra de los CORES regionales.

“…pese a compartir el propósito de cautelar los recursos fiscales y hacer frente a todo acto que atente contra la probidad, se armó una embestida comunicacional y por redes sociales contra los Cores de la región y, en especial hacia los Cores del PS. Llamándonos por la prensa a no ser autoridades permisivas con actos al margen de la probidad administrativa, lo que descartamos categóricamente. En nuestro rol, y al tratarse de temas a revisar por órganos jurídicos, no podemos hacer pirotecnia. Menos de manera anticipada, y es nuestro deber abordarlos con prudencia y responsabilidad”, afirmó.

Asimismo, el ex seremi, resaltó que tal como lo establece la Ley 19.175, que rige a los consejeros, respecto a las causales de cesación en el cargo y a los principios de probidad, es el Tribunal Electoral Regional (TER) quien debe pronunciarse frente a estas materias.

“Siendo nuestro rol como consejeros regionales el velar por la correcta inversión pública. Al no identificarse detrimento fiscal en los actos en los que han incurrido los dos Cores de Chile Vamos, la situación obliga a un análisis jurídico en profundidad. Lo que obviamente haremos para abordar las acciones futuras, entre ellas, por ejemplo, concurrir a consultar al TER. En caso de reunir antecedentes jurídicos fundados”, finalizó el consejero del PS.

Juan Cárcamos (DC), Core Provincia de LLanquihue

Por su parte, el consejero de la DC, Juan Cárcamo, recalcó que “es importante esperar el pronunciamiento de la institución competente. No soy de los partidarios de colocarle tanto combustible al fuego. Primero hay que respetar la dignidad de las personas. Segundo, que toda persona es inocente mientras no se le pruebe lo contrario”.

“Creo, que no sólo el tema debe ser regulado, sino que también debe tener claro que si alguno de mis colegas a votado para beneficiarse a sí mismo o si ha beneficiado a algún familiar. Pero cuando yo votó, por la plaza o por el agua potable de Castro, yo no estoy beneficiando a mí mismo. Yo estoy votando para que esa comunidad tenga luz, agua y tenga pavimentación en una calle. En ese contexto, yo no he visto una actuación irregular de mis colegas, que quieran beneficiarse o enriquecerse producto de su actuación en el Consejo Regional, porque pertenezcan o trabajen en un municipio determinado”, puntualizó Cárcamo.

En este plano, explicó que “si un consejero va a votar un proyecto determinado porque le está prestando servicios o trabaja para un municipio determinado y, que en eso va a ser beneficiado, a mi juicio, eso va en contra de la ética y contra la probidad pública. En eso soy muy claro y enfático. Si yo veo que un colega va a votar por un proyecto en beneficio propio, yo voy a ser el primero en denunciarlo”, afirmó el consejero de la DC.

Valentina Álvarez (Independiente, pro PPD), CORE Provincia de Llanquihue

En tanto, la Core Valentina Álvarez, manifestó que la situación que afecta a los consejeros de la UDI y RN, es delicada. Sin embargo, aclaró que no son los colegas (consejeros), quienes deban juzgar el actuar de sus pares, sino que la gente y las personas que votaron por esos Cores, los que deberán juzgar ese tipo de conducta.

No obstante, tildó de poco ético que un consejero trabaje en un municipio. “Yo no me voy a pelear con un colega que está trabajando en un municipio. Eso lo verán ellos y lo verán con la gente que los eligió. Éticamente no está bien, pero legalmente no están incumpliendo nada”, acotó la consejera.

“En lo personal, me han ofrecido cargos en los cuales ganaría más que mi salario de Core. Pero no me parece que esa sea la forma. Me parece que es poco ético, que es deslegitimar la misma voz de la ciudadanía”, manifestó la consejera regional.

Manuel Rivera (PS), Core Provincia de Llanquihue

“Somos 365 consejeros regionales en todo el país. En el país deben haber más de 150 Cores, trabajando en distintos órganos del Estado. En Santiago, tenemos gente trabajando en la Subdere. En la región de Los Lagos, existen cuatro consejeros que trabajan en diversas instituciones”, grafica Rivera.

“Sin embargo, el contrato es legal. Los consejeros no están a tiempo completo para trabajar en su labor de consejeros. Ahora lo que hay es un problema que los inhabilita de acuerdo a la Ley. Los Cores, si trabajan para un municipio, no pueden votar a favor de ese municipio. Deben abstenerse”. explica el consejero del PS.

“Luego del acuerdo del Consejo Regional del PS, realizado el fin de semana, los tres consejeros del partido socialista, vamos a hacer la presentación ante el Tribunal Electoral. Nosotros vamos a entregar los antecedentes y el Tribunal Electoral (TER) va a tener que decidir. Ahí tienen derecho los dos consejeros de Chile Vamos a defenderse”, aclaró Rivera.

“Un año antes, había anunciado sobre esta situación, que no podían votar y que debían abstenerse. Sin embargo, no emitiré ningún juicio hasta que el Tribunal Electoral se pronuncie frente a este caso. Es un tema que lo tendrá que dirimir, si es un delito o es una falta”, finalizó el consejero del PS por la provincia de Llanquihue.