La igualdad de género requiere políticas de protección social en materia de salud que sean inclusivas y reactivas

Una nueva nota de políticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra que la protección social en materia de salud es fundamental para garantizar el acceso efectivo de las mujeres a una atención sanitaria de calidad y apoyar la seguridad de sus ingresos durante la enfermedad y la maternidad.

La nota, titulada Social health protection for gender equality, se publicó en el marco del Día Internacional de la Mujer y ofrece orientaciones prácticas para el diseño de políticas de protección social en materia de salud que beneficien a las mujeres.

El Día Internacional de la Mujer de este año —bajo el lema Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas — llega en un momento clave, ya que los retrocesos en el acceso a los servicios de salud y reproductivos afectan a las mujeres en varios países, y muchas mujeres siguen enfrentándose a obstáculos para acceder a la atención esencial sin dificultades, a pesar de los avances en la ampliación de la cobertura sanitaria en algunas partes del mundo.

La nueva nota de la OIT sostiene que las políticas de protección social y salud deben situar la igualdad de género en el centro de sus prioridades para proteger los derechos de las mujeres y obtener resultados significativos para las mujeres y las niñas de todo el mundo.

La seguridad social y la salud son derechos humanos fundamentales. Sin embargo, incluso en los casos en que las leyes y reglamentos garantizan la igualdad de acceso a la atención sanitaria para mujeres y hombres, las desigualdades en el mercado laboral contribuyen a que, en la práctica, las mujeres no se beneficien de la misma protección. Las mujeres asumen una parte desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado, tienen más probabilidades que los hombres de trabajar en el sector informal en muchas partes del mundo y ganan salarios más bajos, factores que pueden limitar su acceso efectivo a la protección social en materia de salud y que influyen en las diferencias de resultados sanitarios.

Reconociendo estas realidades, la nota de políticas de la OIT insta a que el género sea una consideración fundamental en el diseño y la aplicación de las políticas y los planes de protección social en materia de salud. Este objetivo incluye la formulación de paquetes de prestaciones que reflejen las necesidades de salud de las mujeres a lo largo del ciclo de vida, la prestación de servicios de calidad cerca de los lugares de residencia de las mujeres y el fortalecimiento de las medidas de protección financiera basadas en una amplia mutualización de riesgos. Al responder tanto a las necesidades sanitarias específicas de las mujeres como a los determinantes sociales de la salud, la protección social en materia de salud puede desempeñar un papel fundamental en la promoción de la igualdad de género en términos de acceso a los servicios sanitarios y de resultados en materia de salud.

Las políticas de protección social deben apoyar a las mujeres en todas las etapas de la vida, incluyendo la atención a sus necesidades durante la maternidad y más allá. En la vejez, por ejemplo, muchas mujeres se enfrentan a mayores riesgos de pobreza, mala salud y necesidades de cuidados insatisfechas debido a menores ingresos a lo largo de su vida y a las diferencias en las pensiones. Además, la nota aborda cómo la armonización de la protección social con las políticas de seguridad de ingresos y de cuidados puede proporcionar una protección sólida, contribuyendo a promover la dignidad y el bienestar a lo largo de la vida de las mujeres.

México, el Mundial 2026 y la seguridad: un país bajo tensión

A poco más de 100 días del Mundial de fútbol de 2026, la seguridad en México vuelve al centro del debate internacional. La muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, desató disturbios y bloqueos en distintos estados. Aunque la situación parece haberse estabilizado, la pregunta persiste: ¿es viable organizar un evento global en un país marcado por la violencia cotidiana y más de 130.000 personas desaparecidas?

La presidenta Claudia Sheinbaum intentó despejar temores al asegurar que el Gobierno garantizará un torneo seguro y que México está preparado para recibir al mundo. En la misma línea, el presidente de la FIFAGianni Infantino, llamó a la confianza: “Por supuesto, estamos monitoreando la situación, pero tenemos plena confianza en que todo saldrá muy bien”.

Sin embargo, desde Berlín, el ministerio de Exteriores alemán mantiene advertencias de viaje que apuntan a elevados niveles de violencia en varias regiones del país. Y el coordinador de turismo del Gobierno federal, Christoph Ploß, declaró al diario Handelsblatt: “La FIFA, en colaboración con los Gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, debe garantizar que los aficionados no corran peligro y que los países anfitriones cumplan las normas de seguridad”.

Economía: estabilidad pese a la inseguridad

Desde el ámbito empresarial, el tono es más matizado. Björn Lisker, de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, señala en entrevista con DW que “la situación de seguridad en México es para muchas empresas un tema constante, completamente independiente del Mundial”.

Según explica, “casi la mitad de las empresas indica que los efectos de la inseguridad en su actividad permanecen sin cambios”, mientras que un tercio percibe mayores impactos. Pero subraya un dato relevante: “Hasta ahora no conocemos ningún caso en el que una empresa miembro haya abandonado el país por razones de seguridad”.

Con respecto al torneo, la cámara parte de la premisa de que “las autoridades harán todo lo posible para garantizar un desarrollo seguro y sin contratiempos del campeonato”.

Bolivia ante el espejo de su historia: la geografía enseña; la diplomacia olvida

La reciente decisión unilateral del Gobierno de Bolivia de suspender relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática no es un simple acto administrativo.

Es una señal política de profundo calado, que interpela la coherencia histórica de un país que hizo de la defensa de la soberanía y la integridad territorial una causa existencial.

Bolivia sabe —porque lo ha sufrido— lo que significa el despojo.

La Guerra del Pacífico no es solo un capítulo de manual escolar; es una herida abierta en la memoria nacional.

A ello se suman otros conflictos que derivaron en la cesión de vastas extensiones del territorio.

Esa experiencia marcó su política exterior con un sello inequívoco: la defensa del principio de no adquisición de territorio por la fuerza.

Por eso sorprende —y duele— que ahora se relativice ese principio en relación con el Sáhara Occidental, territorio no autónomo pendiente de descolonización según las Naciones Unidas.

El 23 de octubre de 2023, como miembro del Comité de Descolonización, Bolivia sostuvo que «el diálogo sin condiciones previas y de buena fe debía conducir a una solución duradera que respetara la voluntad del pueblo saharaui».

Esa era la posición coherente con su historia.

Esa era la Bolivia que hablaba con autoridad moral.

La República Árabe Saharaui Democrática, además, no es una entelequia diplomática.

Es Estado fundador y miembro pleno de la Unión Africana, el organismo que agrupa a un continente que sabe —quizá mejor que ningún otro— lo que significan el colonialismo, el trazado arbitrario de fronteras y las largas luchas por la autodeterminación.

El 27 de febrero de 2026, la RASD cumplirá cincuenta años desde su proclamación en 1976: medio siglo de existencia política, resistencia institucional y reconocimiento internacional.

Ignorar ese dato no es solo un error factual; es desconocer el peso histórico de África en la arquitectura contemporánea del derecho internacional.

Hoy se nos dice que se “restablecen” relaciones con Marruecos.

Pero las relaciones nunca estuvieron rotas.

El embajador marroquí residente en Lima es concurrente ante La Paz y presentó cartas credenciales el 22 de mayo de 2022.

Marruecos nunca consideró siquiera abrir embajada en Bolivia.

Sostener que se restablece lo que nunca se rompió es, sencillamente, faltar a la verdad.

Ocultar deliberadamente una aproximación excluyente y no equilibrada es otra cosa.

Más preocupante aún es vincular la suspensión de relaciones con la RASD a una llamada con un canciller extranjero.

Las decisiones soberanas no se anuncian como si fueran el resultado de una transacción telefónica.

Se argumenta también que la medida permitirá diversificar la asociación comercial, especialmente en agricultura y fertilizantes.

Conviene decirlo con claridad: Marruecos no ofrece nada que no esté condicionado.

Los fosfatos que exporta desde el Sáhara Occidental son recursos extraídos de un territorio bajo ocupación militar, cuyo pueblo no ha ejercido su derecho a la libre determinación.

Importarlos expone a Bolivia a riesgos jurídicos ciertos por comercializar recursos de un territorio pendiente de descolonización.

Gobiernos bolivianos, tanto de derecha como de izquierda, se abstuvieron de sucumbir a esa oferta.

No por romanticismo ideológico, sino por elemental prudencia jurídica y coherencia histórica.

Excluir ahora a la RASD en un acto claramente transaccional no fortalece la soberanía boliviana; la debilita.

Aún más grave resulta insinuar que el reconocimiento de la “estatalidad” pasa por aceptar el principio de integridad territorial aplicado a la pretensión marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Esa interpretación pervierte el derecho internacional y legitima, en la práctica, la modificación de fronteras por la fuerza.

En el Magreb, ningún país reconoce soberanía marroquí sobre el territorio saharaui.

Sugerir lo contrario no contribuye a la paz; sabotea los esfuerzos diplomáticos de solución negociada.

Las consecuencias no son solo políticas.

En marzo de 2025, la estatal boliviana de hidrocarburos firmó un acuerdo estratégico con la argelina Sonatrach para cooperación en exploración, producción de gas, transferencia tecnológica y desarrollo petroquímico.

Para Bolivia, es una oportunidad de fortalecer su industria gasífera con la experiencia de uno de los mayores exportadores de gas del mundo.

Para Argelia, amplía su ya dilatada presencia en América Latina y en países vecinos como el Perú.

En la medida que dicho comunicado asienta grave precedente que afecta no solo a la República Saharaui sino a las fronteras internacionalmente reconocidas de otros tres países, ¿alguien puede asegurar que este giro diplomático no impactará esa cooperación?

Durante su discurso de posesión del 8 de noviembre, el presidente Rodrigo Paz Zamora afirmó que «abriría Bolivia al mundo» y que «el respeto a la autodeterminación de los pueblos» sería un vector de su política exterior.

Bolivia estableció relaciones con la RASD precisamente bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora, padre, reafirmando su compromiso con la descolonización.

Resulta difícil imaginar que una decisión de este calado haya contado con plena reflexión estratégica y consenso histórico.

No me sorprende la insistencia de Rabat.

El canciller marroquí ha hecho de la exageración y la promesa inflada una práctica sistemática.

Pero más allá de la retórica, Marruecos enfrenta limitaciones estructurales: es un país con recursos escasos, embarcado desde hace décadas en una guerra colonial que drena su economía y lo mantiene en permanente tensión regional.

Su reiterada violación del derecho internacional y de los derechos humanos en el Sáhara Occidental lo coloca bajo escrutinio constante de Estado paria.

Bastaría consultar a gobiernos como los de Ecuador o Panamá para verificar hasta dónde llegaron las tan publicitadas promesas comerciales marroquíes.

Bolivia tiene derecho a redefinir su política exterior.

Lo que no tiene derecho es a olvidar su historia ni a relativizar principios que defendió cuando estaba sola frente al despojo.

Apostar por un “caballo ganador” que no lo es puede ofrecer una fotografía momentánea, pero en política internacional las imágenes se desvanecen rápido, como espejismos en el desierto.

La coherencia, en cambio, permanece.

Y Bolivia, más que nadie, sabe cuánto cuesta perder territorio… y cuánto cuesta perder principios.

24 de febrero de 2026

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ISP Interamérica condena el bloqueo económico que Estados Unidos impone a Cuba

Las acciones recientes de la Administración Trump han agravado aún más una crisis humanitaria ya fabricada por Estados Unidos. Las amenazas contra empresas y gobiernos que entregan envíos de petróleo a Cuba, mediante la imposición de aranceles y sanciones adicionales, han restringido drásticamente el acceso de Cuba al petróleo. Los informes indican que a Cuba le quedan solo dos semanas de reservas de petróleo, lo que pone en serio riesgo hospitales, escuelas, servicios públicos y hogares. Estas medidas profundizan deliberadamente el sufrimiento y ponen vidas en peligro.

El propio bloqueo provoca cada año dificultades evitables, enfermedades y muertes entre el pueblo cubano. Su intensificación sigue a meses de sanciones, incautaciones e interferencias dirigidas contra los envíos de petróleo venezolanos, privando aún más a Cuba de suministros energéticos esenciales. Las sanciones y las políticas de cambio de régimen son guerra por otros medios. Son incompatibles con la paz, el derecho humano a la dignidad y el principio de soberanía nacional.

La ISP Interamérica, en unidad con la solicitud del Sindicato Central de Trabajadores de Cuba (CTC), hace un llamamiento a todos los afiliados y a los sindicatos de toda América para que:

  • Solidarizamos activamente con el pueblo cubano y oponemos públicamente al bloqueo estadounidense alzando la voz en protesta, en todos los ámbitos posibles, para condenar esta medida arbitraria e inmoral.
  • Exigir que sus gobiernos tomen medidas inmediatas y concretas para defender el derecho internacional, mantener las relaciones comerciales con Cuba y garantizar la entrega de todos los bienes contractuales y humanitarios.
  • Defender en todos los organismos multilaterales por el apoyo continuo a Cuba frente a esta agresión económica continua.
  • Movilizar a los miembros para que contacten con representantes electos mediante llamadas telefónicas coordinadas, correos electrónicos y cartas exigiendo el fin del bloqueo.
  • Presionar a los centros sindicales nacionales para que impulsen estas demandas en nombre de todo el movimiento obrero.
  • Organizar y recolectar ayuda humanitaria y solidaria para Cuba.
  • Siempre que sea posible, organizar delegaciones a Cuba, incluyendo la participación en las manifestaciones del 1 de mayo en La Habana y en la Conferencia de Solidaridad del 2 de mayo, y considerar otras visitas de solidaridad.

El Frente de Sindicatos Unidos marchará al Congreso contra la reforma laboral

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto a la Unión Obrero Metalúrgica (UOM), Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras, convocó una movilización al Congreso el viernes 27, mientras la reforma laboral es tratada nuevamente en el Senado de la Nación de Argentina.

“Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento. Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que Milei y Bullrich no festejen por anticipado”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

“Los mismos dirigentes que confiaron en los gobernadores y el Congreso a pesar de que los votos nunca estuvieron, ahora nos dicen que confían en la Justicia. La pregunta es cuándo van a confiar en los trabajadores. Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al Gobierno”, agregó el referente estatal.

En este marco, el dirigente apuntó: “Tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores”.

“Tienen que saber que en la Argentina el día viernes no se termina nada, empieza todo. No les vamos a regalar los derechos que llevaron años conquistar. En todo caso serán los responsables de que aumente la tensión social y crezca la conflictividad”, concluyó el Rodolfo Aguiar.

El Frente de Sindicatos Unidos concentrará el viernes a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Colombia reanuda negociaciones de paz con el Clan del Golfo tras suspensión vinculada a acuerdos con EE. UU.

El gobierno de Colombia anunció este martes que reanudará las negociaciones de paz con el Clan del Golfo, suspendidas por parte la organización criminal hace dos semanas en protesta por acuerdos del presidente Gustavo Petro con Donald Trump.

El mandatario pactó en una visita a la Casa Blanca el 3 de febrero realizar labores conjuntas para ubicar a alias ‘Chiquito Malo’, el máximo comandante de ese grupo narcotraficante.

El acuerdo llevó al Clan del Golfo a interrumpir los diálogos con el gobierno que se desarrollaban desde septiembre en Qatar.

La oficina de paz del gobierno informó de que los negociadores se reunieron en Bogotá el 9 de febrero y dieron por “superada” la suspensión de las negociaciones.

El proceso de paz “continúa avanzando”, dijo la oficina en un comunicado.

Petro entregó a Trump un listado de los principales narcos de Colombia con el propósito de recibir apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para detenerlos.

Entre ellos estaban ‘Chiquito Malo’ e ‘Iván Mordisco’, el líder de la mayor disidencia de las FARC, el grupo armado que firmó la paz con el gobierno en 2016, y ‘Pablito’, uno de los hombres fuertes de la guerrilla ELN en la frontera con Venezuela.

Los dirigentes del Clan del Golfo consideraron que esos acuerdos representaban un “atentado” contra su “buena fe” y se levantaron de la mesa de negociaciones de Doha.

“El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios”, afirmó el cartel en ese momento.

El gobierno y el Clan del Golfo negocian con miras a un desarme a cambio de beneficios legales. Hasta el momento han llegado a algunos acuerdos como desescalar el conflicto en poblaciones azotadas por la violencia en el noroeste del país.

Después de meses de enfrentamientos en redes sociales, Petro y Trump estrecharon esfuerzos para combatir al narcotráfico en Colombia, el país más productor de cocaína del mundo.

EE. UU. e Israel chocan en la estrategia frente a Irán

Las relaciones entre Estados Unidos e Israel han sido excepcionalmente estrechas durante décadas. Sin embargo, surgen constantemente diferencias estratégicas y tácticas, en particular, con respecto a la República Islámica de Irán.

La estrecha cooperación entre ambos aliados es crucial para las negociaciones de Estados Unidos con Irán, que se celebran en Ginebra el martes 17 de febrero de 2026. Se espera que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, asistan por la parte estadounidense, mientras que el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, representará a Irán.

Tanto Estados Unidos e Israel quieren impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear y que siga expandiendo su influencia regional, pero los intereses y los métodos de ambos países difieren significativamente. Estas discrepancias se han hecho más evidentes en el contexto de las protestas masivas de enero y febrero de 2026, que fueron violentamente reprimidas en Irán.

Acuerdo sobre percepción de amenazas, diferentes prioridades

Tanto Estados Unidos como Israel consideran que el programa nuclear y de misiles de Irán, así como la red de milicias aliadas, controlada por Teherán en la región, constituyen amenazas de seguridad clave. El analista político Reza Talebi comenta a DW que no existe un desacuerdo fundamental en este punto. Ambos países quieren evitar que Irán se convierta en una potencia nuclear y expanda aún más su influencia en Oriente Medio.

Las diferencias comienzan con la cuestión de cómo alcanzar este objetivo. Para Estados Unidos, lograr un nuevo acuerdo con Irán es primordial. Washington persigue este objetivo mediante una estrategia de “máxima presión”, con sanciones económicas y disuasión militar.

Israel, en cambio, atribuye mucha menos importancia a lograr un acuerdo con Teherán y duda fundamentalmente de su viabilidad. Para el Gobierno israelí, no solo sería problemático el contenido de un posible acuerdo, sino que además duda de la capacidad de Irán para adherirse a él a largo plazo.

 

Estrategia estadounidense: presión como medio de negociación

Según Shokriya Bradost, analista especializada en política exterior y seguridad en Oriente Medio, la política estadounidense hacia Irán está claramente orientada hacia lograr un nuevo pacto.

“Para obligar a Teherán a sentarse a la mesa de negociaciones, Washington recurre a sanciones económicas masivas, en particular, a las ventas de petróleo iraní”, explica a DW la experta, radicada en Washington. El objetivo es agotar sistemáticamente las fuentes de ingresos del régimen y privarlo de cualquier margen de maniobra económica. Esta política pretende inducir a Irán a capitular o, al menos, a hacer concesiones de gran alcance sin desencadenar una guerra regional de gran envergadura.

Los medios militares desempeñan un papel secundario en esta estrategia. El despliegue de portaviones en Oriente Medio y el énfasis en las opciones militares sirven principalmente como elemento disuasorio. Un posible “cambio de régimen”, según Bradost, un ataque militar a gran escala es solo el último recurso para Washington. Estados Unidos rechaza las guerras prolongadas y la ocupación de Irán.

Perspectiva de Israel: presión y grandes exigencias

Israel evalúa la situación de manera más drástica. El domingo, durante un discurso en una conferencia en Jerusalén, Netanyahu reafirmó la posición israelí: cualquier acuerdo con Irán debe contemplar no solo la limitación del enriquecimiento de uranio, sino la desmantelación de la infraestructura nuclear iraní y la retirada del uranio enriquecido. Por otro lado, Netanyahu agregó que era “escéptico” sobre que los iraníes cumplan su parte del trato en cualquier acuerdo con Trump.

Mientras Washington apuesta por aumentar la presión paso a paso, Israel presiona por una decisión rápida. Netanyahu teme que un posible cambio de rumbo en futuras administraciones estadounidenses fortalezca nuevamente la posición de Irán. Por ello, Israel pide una intervención estadounidense más decidida y directa, incluso de manera militar si fuera necesario.

“Las diferencias deben entenderse también en un contexto más amplio. Los viajes de Netanyahu a Washington no solo se enfocan en la política sobre Irán, sino también cuidar la imagen internacional de Israel”. Según Talebi, el prestigio internacional de Israel se ha visto afectado en EE. UU. y Europa, “lo que también reduce la disposición de Washington a actuar como un apoyo incondicional en una acción militar israelí total contra Irán”, señala a DW el experto.

Para Estados Unidos, además, la estabilidad regional y global constituyen una prioridad mayor. Y es que Washington no solo debe tener en cuenta a Israel, sino también a sus aliados europeos, la situación en los mercados energéticos y el riesgo de escalada regional. Desde la perspectiva estadounidense, un acuerdo limitado con Irán puede ganar tiempo y evitar conflictos mayores, aunque no resuelva todas las preocupaciones de seguridad de Israel.

 

 

Cuba: La Resistencia de todo un pueblo contra el Bloqueo

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, anunció ante medios nacionales e internacionales un conjunto de medidas estratégicas de alto impacto destinadas a enfrentar y neutralizar los efectos del bloqueo naval y económico impuesto por Estados Unidos contra la isla.

Las decisiones, de carácter integral, buscan proteger a la población, garantizar los servicios esenciales y sostener la capacidad productiva del país, reafirmando una vez más la voluntad del Estado cubano de defender su soberanía y su proyecto social frente a la presión externa.

La decisión de Estados Unidos de bloquear las entregas de petróleo hacia Cuba confirma una vez más que la política de presión económica contra la isla no ha cambiado de naturaleza ni de objetivos. No se trata de sanciones “selectivas” ni de medidas administrativas, es una estrategia de asfixia económica que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas.

Ante este escenario, Cuba ha activado un plan de contingencia nacional que prioriza el combustible para los servicios esenciales: salud, agua, alimentos, educación, defensa y sectores estratégicos de la economía. Lejos de improvisar, el Estado cubano opta por ordenar la escasez, proteger a la población y sostener la estructura productiva básica del país.

En este momento resulta clave para desmontar un relato recurrente. Washington insiste en presentar el bloqueo como una herramienta política “legítima”, mientras omite deliberadamente sus consecuencias humanitarias. El acceso a la energía no es un lujo, es una condición indispensable para garantizar derechos fundamentales como la salud, el agua potable, la alimentación y la educación. Interrumpirlo de forma intencional constituye una forma de coerción colectiva.

Resulta significativo que, en medio de la crisis, Cuba mantenga abiertas las escuelas primarias y los centros de atención infantil, garantice un salario básico a los trabajadores estatales y asegure combustible para la producción agrícola y el suministro de agua. Estas decisiones reflejan una jerarquía de prioridades donde el bienestar social no queda subordinado a la lógica del mercado ni a la presión externa.

El bloqueo petrolero, además, ha tenido un efecto que rara vez se reconoce, ha acelerado la búsqueda de soberanía energética. La combinación de crudo nacional y la expansión sostenida de proyectos solares revela una estrategia orientada a reducir la dependencia externa y a construir resiliencia estructural frente a futuras agresiones económicas.

No es casual que sectores clave como el turismo y la producción de tabaco también estén contemplados en el plan de contingencia. En un contexto de cerco financiero, proteger las fuentes de divisas no es una concesión, sino una necesidad de supervivencia económica.

La experiencia histórica demuestra que el bloqueo no ha logrado sus objetivos políticos. Por el contrario, ha consolidado una cultura de resistencia y organización social que se reactiva cada vez que la presión aumenta. Cuba no responde con retórica vacía, sino con políticas públicas concretas, diseñadas para sostener la vida cotidiana y preservar la cohesión social.

Ninguna diferencia ideológica justifica el uso del hambre, la oscuridad o la escasez como herramientas de presión. El caso cubano vuelve a evidenciar una verdad incómoda para sus detractores: cuando el castigo se intensifica, la respuesta no es el colapso, sino la reafirmación de la soberanía.

Organizaciones miembro de CLATE participaron de reunión de formación

“Necesitamos ampliar y hacer más incluyente la formación política de nuestros cuadros dirigentes” expresó Julio Fuentes al inicio de la reunión, en la que convocó a las organizaciones miembros a tomar un rol activo en la designación y seguimiento de participantes para la Diplomatura Superior en Sindicalismo Internacional, que la CLATE desarrolla junto a ALAL, con el apoyo de ACTRAV-OIT.

La Secretaria de Formación de la CLATE y miembro de ANEF, Carmen Luz Scaff, por su parte, señaló: “Las organizaciones debemos aprovechar esta propuesta formación, que pone a nuestro alcance herramientas de estudio y equipos de docentes de primer nivel”. Asimismo, informó que a partir del 18 de febrero se tomará contacto con los sindicatos que integran la Confederación para brindar la información necesaria para el proceso de inscripción.

Desde el área de formación de la presidencia, el director de formación, Ignacio Rodríguez, recordó que la Diplomatura Superior en Sindicalismo Internacional es una propuesta educativa de un año de duración, con un programa de ocho materias que incluyen temas como: elementos de derecho laboral, Normas Internacionales del Trabajo y mecanismos de reclamación ante OIT, Derechos Humanos, Economía Política, Comercio Internacional, Historia, perspectiva de género en el mundo del trabajo, problemáticas socio-ambientales, y análisis geopolítico.

La propuesta es gratuita para las y los participantes designados por las organizaciones e incluye, además del dictado de clases sincrónicas a distancia, acceso a un Campus Virtual con materiales de estudio de elaboración propia, actividades y foros de discusión en línea y tutoría permanente. A su vez se dicta en castellano y en portugués para las y los participantes de Brasil.

La inscripción comenzará el 18 de febrero y se realizará a distancia a través de los sindicatos miembros de la CLATE, que deberán remitir a la presidencia la nómina de aspirantes designados. Para más información, las organizaciones pueden escribir a campusclate@gmail.com.

Participaron del encuentro: Luiz André (CSPB – Brasil); Vanina Rodríguez (ATE – Argentina); Ana Luz Giménez (UNTE – Paraguay); Horacio Gálvez y Alejandro Silva (FENAMOP – Chile); Leonel GarcíaAntonio Duarte y Rigoberto Vázquez (SUTEYM – México); Josefina Ureña y María Guadalupe Sánchez (CONATE – Rep. Dominicana); María de los Santos (ASOPSALUD – Rep. Dominicana); Ramón Chanqueo (ASEMUCH – Chile); y Mario Montes (AGEPYM – El Salvador).

La reforma laboral en Argentina: la lucha aún no ha terminado

El 12 de febrero, en Buenos Aires, el Senado otorgó la media sanción por 42 votos contra 30, tras una maratónica sesión de 13 horas. Miles de trabajadores movilizados por los sindicatos paralizaron partes de Buenos Aires en protestas masivas frente al Congreso, calificadas como «sin precedentes» y «vehementes». Una huelga general en la que participaron amplios sectores provocó enfrentamientos con la policía, hasta 71 detenciones y múltiples heridos. Los críticos condenan las disposiciones regresivas del proyecto de ley: jornadas laborales de 12 horas, reducción de las indemnizaciones por despido, límites a la huelga y cambios en el poder de negociación.

Según el proceso legislativo bicameral de Argentina, la aprobación del Senado es solo el primer paso. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde el gobierno está presionando agresivamente para que se vote rápidamente antes de finales de febrero o antes del 1 de marzo, cuando comienzan las sesiones ordinarias del Congreso.

Las fuentes indican que la coalición gobernante cree que cuenta con los votos necesarios, alrededor de 129 o más. Sin embargo, la feroz oposición podría complicar el proceso. La presión de los sindicatos, las protestas en curso y las posibles enmiendas aún podrían descarrilar el proyecto de ley.

Si la Cámara de Diputados aprueba este amplio paquete legislativo de más de 200 artículos, se reestructuraría fundamentalmente el panorama laboral de Argentina. Las disposiciones clave incluyen:

  • Ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas.
  • La eliminación de las horas extras remuneradas, sustituidas por un sistema de «banco de tiempo» en el que los empleadores deciden unilateralmente cuándo —o si— las horas acumuladas pueden tomarse como tiempo libre o turnos reducidos.
  • Introducción de «salarios dinámicos» basados en la productividad, lo que permite que los salarios fluctúen de un mes a otro
  • Deducción de los días no trabajados durante la baja por enfermedad, poniendo fin al pago por ausencias médicas.
  • Fragmentación de las tradicionales vacaciones anuales de 30 días, siendo los empleadores quienes deciden cuándo los trabajadores disfrutan de sus vacaciones
  • Eliminación total de la indemnización por despido, lo que fomenta los despidos masivos y las prácticas de «despedir y volver a contratar» en peores condiciones.
  • Restricciones severas al derecho de huelga.
  • Ampliación drástica de los poderes de los empleadores, destruyendo el principio de igualdad en el poder de negociación y dejando a los trabajadores completamente sumisos a la dirección.

Si este proyecto de ley se convierte en ley, sentaría un peligroso precedente que podría ser fácilmente replicado en todo el mundo por gobiernos de extrema derecha respaldados por multimillonarios y corporaciones, revirtiendo décadas de protecciones laborales bajo el pretexto de la “modernización” y el crecimiento económico.

Fernanda Boriotti, presidenta de la afiliada a la ISP, FESPROSA, añadió: «La reforma laboral diseñada a medida de los grandes capitalistas de Argentina y las exigencias del gobierno de Trump es un ataque frontal a los derechos laborales tanto en el sector público como en el privado. Los trabajadores públicos veremos afectado nuestro derecho a la huelga, restringido nuestro derecho de reunión y mermada nuestra capacidad de recurrir a los tribunales laborales ante las injusticias patronales».

Euan Gibb, secretario regional de la ISP para Interamérica, afirmó: «Las manifestaciones masivas en toda Argentina dejaron claro que esta supuesta reforma va totalmente en contra de los intereses de la mayoría de la población. El Estado ha recurrido a una represión brutal y violenta contra la clase trabajadora para imponer esta reforma. Se trata de un ataque directo a los derechos fundamentales de lxs trabajadores, representativo de la estrategia de los gobiernos extremistas de toda América Latina. La ISP y nuestras afiliadas seguirán organizando y reforzando la resistencia en todo el continente».

Federico Dávila, vicepresidente primero de la ISP, declaró: «La autoproclamada “reforma laboral” forma parte de un conjunto de medidas que, lejos de generar más trabajo y producción, en realidad los socavan. Estas medidas precarian el empleo, eliminan los derechos laborales y sindicales y debilitan las organizaciones sindicales y sus sistemas de salud, todo ello con el claro objetivo de maximizar los beneficios de las grandes empresas que nunca reinvierten en el trabajo y la producción».

Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur, afirmó: « Esta reforma, que pretende ampliar la jornada laboral, debilitar los mecanismos de compensación y limitar el derecho a la huelga, no representa una modernización justa del trabajo, sino más bien una transferencia de poder de los trabajadores a los empleadores y al capital. El debate continúa ahora en la Cámara de Diputados. Allí también está en juego el futuro del trabajo decente en Argentina, y el movimiento sindical seguirá defendiendo los derechos que ha conquistado».

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