A medida que se acerca el aniversario del 11 de septiembre, las oficinas ministeriales del Gobierno se movilizan para preparar la conmemoración de los 50 años del golpe militar. En esta línea, el Ministerio de las Culturas y las Artes lanzó hace apenas 12 días una licitación a través de Mercado Público para impulsar una campaña comunicacional relacionada con los 50 años del golpe. El plazo para presentar ofertas termina en una semana, el 25 de este mes, y los oferentes serán evaluados tanto administrativamente como técnicamente para adjudicar la producción.

El Gobierno dispone de $305 millones para llevar a cabo este proyecto. Según el Ministerio de Culturas, este monto será utilizado para cubrir la comisión de la agencia adjudicada, así como todos los gastos relacionados con la ejecución del servicio requerido.

Valores fundamentales

En palabras del ministro Jaime de Aguirre, responsable del Ministerio de las Culturas y las Artes, la campaña tiene como objetivo “invitar a la ciudadanía a reflexionar en torno a bienes y valores fundamentales, como lo son la memoria, la democracia y el futuro. La conmemoración del cincuentenario del Golpe de Estado es una gran oportunidad para abrir espacios de diálogo, memoria y creatividad. Será la ocasión para producir un intercambio de miradas entre generaciones”.

La campaña, que está programada para iniciarse el 25 de agosto y durar hasta el 30 de septiembre, contempla al menos un spot audiovisual de 60 segundos y dos frases de radio de 30 segundos. Además, se espera que se proponga un contenido audiovisual que promueva la reflexión sobre los 50 años del golpe, basado en los pilares de Memoria, Democracia y Futuro. El formato para este contenido será propuesto por el oferente, y podrá ser en forma de entrevistas, cápsulas, documentales, entre otros.

Asimismo, se ha establecido que se entregará un “kit digital” para amplificar las campañas de manera orgánica en los medios gubernamentales. Este kit incluirá piezas gráficas para implementar el plan de medios y los medios orgánicos gubernamentales, además de todas las piezas audiovisuales en formatos digitales aptos para su emisión en televisión.

Reflexión

El enfoque de la campaña se centrará en destacar que ninguna diferencia entre los ciudadanos debe llevar a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos. Se buscará generar preguntas y conversaciones dentro de la sociedad en distintos ámbitos, desde los hogares hasta los claustros académicos y los espacios de creación y política.

La campaña también deberá ser inclusiva, representando la realidad nacional con presencia de regiones, con un enfoque de género y respetando las diversidades étnicas y sexuales, además de incluir a personas en situación de discapacidad.

Cabe mencionar que en medio de la preparación de esta conmemoración, el Gobierno enfrenta desafíos y críticas desde la oposición y agrupaciones de víctimas de violación de derechos humanos, tras la salida de Patricio Fernández, quien estaba encargado de dar un relato a la instancia.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema tendrá una semana de especial relevancia, ya que está prevista la revisión de casos emblemáticos relacionados con violaciones a los Derechos Humanos ocurridos hace casi 50 años, incluyendo el caso del asesinato del reconocido cantautor chileno Víctor Jara, la Operación Cóndor y la causa Moneda.

Los casos que serán revisados causaron gran conmoción a nivel nacional e internacional debido a la brutalidad de los hechos ocurridos hace casi cinco décadas. Familiares de las víctimas y abogados querellantes se preparan para enfrentar una semana decisiva en el ámbito judicial.

El lunes 17 de julio, en la primera hora de la jornada, la Corte Suprema comenzará la revisión de los recursos de casación presentados en el caso Operación Cóndor. Esta causa investiga el secuestro de 12 víctimas en el marco del plan de inteligencia que se articuló en la década de los 70, coordinado por las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, con la colaboración de la CIA de Estados Unidos. Serán revisados 18 recursos presentados por las partes ante los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, María Teresa Letelier, Eliana Quezada (S) y Juan Manuel Muñoz Pardo (S).

Víctor Jara

El martes 18 será el turno del caso que investiga el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara, quien fue detenido por militares el 12 de septiembre de 1973. Tras su detención en el Estadio Chile, fue brutalmente torturado y encontrado sin vida cuatro días después en un sitio eriazo, con 44 impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

El jueves 20 de julio está prevista la revisión de la causa que investiga el secuestro calificado de cuatro dirigentes, miembros de la dirección clandestina del Partido Socialista (PS), hechos perpetrados entre 1974 y 1975.

Finalmente, el viernes 21, se espera que se revise el caso Moneda-Intendencia, que investiga la detención y asesinato de 11 personas pertenecientes al Grupo de Amigos del Presidente (GAP) y otras personas que acompañaron al presidente Salvador Allende durante el bombardeo y asalto militar al Palacio de La Moneda. Estos hechos ocurrieron en un contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar en Chile.

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Bernardo emitió un veredicto condenatorio contra tres ex Carabineros en relación al caso de Mario Acuña Martínez, quien quedó en estado vegetal después de recibir una brutal golpiza mientras participaba pacíficamente en una manifestación durante el estallido social.

Este jueves, el TOP de San Bernardo declaró culpables a Henry Giovanny Cuellar Vega y Víctor Antonio Lastra Marguirot por el delito de lesiones graves gravísimas en contexto de apremios ilegítimos. Asimismo, el capitán (r) J.R.R.A fue declarado culpable de dos delitos de apremios ilegítimos cometidos en el mismo lugar, específicamente en la población Jorge Washington de la comuna de Buin, Región Metropolitana.

El ataque ocurrió la noche del 23 de octubre de 2019, cuando Cuellar Vega y Lastra Marguirot encontraron a Mario Acuña Martínez, quien se encontraba escondido en una plazoleta debido a los disparos al aire realizados por Carabineros. Los ex Carabineros obligaron a Acuña a tirarse al suelo y lo golpearon brutalmente.

Consecuencias

Como consecuencia de la golpiza, la víctima estuvo en coma durante cuatro meses y sufrió daños en sus nervios y médula espinal, así como un traumatismo encéfalo craneano grave. Debido a su estado de salud deteriorado, el hombre de 43 años quedó postrado, incapaz de trabajar de por vida.

Minutos antes de la agresión a Acuña, el ex capitán J.R.R.A disparó su escopeta antidisturbios contra personas que protestaban en el sector de Bajos de Matte con Los Olmos, dejando a un hombre y una mujer con heridas leves.

Según el tribunal, los disparos no estuvieron justificados, ya que no existía ninguna amenaza contra Carabineros en ese momento.

La sentencia se leerá el próximo 3 de agosto, donde se determinarán las penas correspondientes para los ex Carabineros involucrados en este caso.

En esta jornada la ANEF, en diferentes regiones, ha generado un despliegue comunicacional en respuesta al llamado “Caso Convenios”, hechos recientes que han afectado la confianza ciudadana. Frente a ello, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), expresa su rechazo hacia la externalización generalizada de productos y servicios en el sector público, práctica que ha conducido a la situación actual, y ha dificultado la fiscalización de la acción pública por parte de las y los funcionarios.

Las investigaciones en curso, llevadas a cabo por la Contraloría, la Fiscalía y equipos especializados, determinarán la legalidad de los diferentes traspasos de dinero a fundaciones que han sido cuestionados. Pero como ANEF, destacamos que estas situaciones refuerzan la lucha por una carrera funcionaria, ya que se originan debido a la insistencia de diferentes gobiernos en externalizar servicios como una forma de evitar la fiscalización y el reporte de irregularidades por parte de las y los funcionarios públicos.

Tercerización

ANEF hace un llamado a la ciudadanía a recordar la importancia de los servicios y reparticiones encargados de la ayuda social, los cuales han sido constantemente disminuidos y tercerizados en sus funciones y fiscalización. Recordando además, que estos procesos están normados por la Ley de Presupuesto, por lo que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben pronunciarse en torno a estas prácticas de tercerización que no necesariamente se traducen en un beneficio concreto para la ciudadanía.

ANEF, a través de sus diferentes Consejos Regionales, muestra su apoyo a sus compañeros de Antofagasta, Arica y Maule, y espera que las investigaciones lleguen a buen puerto, en cuanto a la responsabilidades correspondientes de las autoridades. Asimismo, nuestra Agrupación espera que todas estas situaciones a lo largo del país puedan ser aclaradas, para restaurar la imagen de las y los funcionarios públicos que se han visto sometidos al escrutinio público.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, cuestionó en duros términos a los grandes empresarios luego de que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) acudiera al Tribunal Constitucional para frenar la ley que aumenta las penas y sanciones a los llamados delitos de “cuello y corbata”.

En su declaración, Cordero expresó su descontento ante la postura de la CPC, señalando que “la actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso“.

“Alterar la voluntad del Congreso”

El ministro recordó un caso similar ocurrido en 2018, cuando el Congreso aprobó un proyecto de ley que otorgaba mayores facultades al Sernac para proteger a los consumidores, y se acudió al Tribunal Constitucional para detener la iniciativa. Cordero destacó irónicamente que “el sector privado pareciera que solo se enteró de la tramitación de este proyecto de ley en la parte final“.

Además, el ministro subrayó su desaprobación hacia el uso del Tribunal Constitucional como un mecanismo para alterar la voluntad del Congreso, afirmando que “es un indicador políticamente incorrecto tratar de utilizar al Tribunal Constitucional en el control preventivo para alterar la voluntad del Congreso“.