La Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile ha confirmado la sanción impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las empresas Faasa Chile Servicios Aéreos y Martínez Ridao por colusión en el combate de incendios forestales durante un período de siete años. Según la imputación, estas compañías llevaron a cabo un acuerdo para restringir y entorpecer la competencia en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna en el territorio nacional entre los años 2009 y 2015.

La Corte Suprema rechazó el recurso de reclamación presentado por Faasa y acogió parcialmente el formulado por Martínez Ridao, reduciendo la multa impuesta por el TDLC en su sentencia. Como resultado, cada empresa deberá pagar una multa de 1.900 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a más de $1.440 millones, que será destinada al beneficio fiscal.

Además de la sanción económica, la sentencia ratificó la orden de implementar un programa de cumplimiento y ética en materia de libre competencia, acorde con los requisitos establecidos en la “Guía de Programas de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia” de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Historia

El caso se inició tras un requerimiento presentado por la FNE en julio de 2018, en el que se acusó a ambas empresas de coordinarse para determinar condiciones de comercialización, precios y participación en procesos de contratación públicos y privados para obtener contratos en el mercado chileno.

Las instituciones del Estado, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la actual Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), así como algunas empresas forestales privadas, fueron afectadas por la colusión.

Persecución de carteles

El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, expresó su satisfacción por la decisión de la Corte Suprema y afirmó que “esta sentencia constituye un importante respaldo al intenso trabajo que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica para mantener una efectiva persecución de carteles, particularmente en mercados altamente sensibles para nuestro país”.

La Corte Suprema justificó la imposición de la multa de igual magnitud a ambas empresas al considerar que ambas colaboraron en la misma medida en la materialización de hechos que tuvieron un impacto significativo en un mercado crucial para el país, como es el combate de incendios forestales, que afecta la vida y propiedad de las personas. Asimismo, destacó que la conducta colusiva se mantuvo durante un extenso período de tiempo, desde 2009 hasta 2015.

En diversos medios de comunicación La Dirección Ejecutiva de CONAF falta a la verdad, y lo hace al responder dos preguntas clave que ella misma se formula. Al respecto Ricardo Heinsohn, presidente nacional de SINAPROF (Sindicato de Profesionales de Conaf) señala: 

“Cuando se pregunta que mejorará cuando Conaf pase a ser un Servicio Público, la respuesta es sencilla, Nada. Es más, a nuestro juicio empeorará en todo plano, tanto funcional como socialmente. De acuerdo con el Dictamen de la Contraloría General de la República N°E33.642, de 4 de septiembre de 2020, CONAF es un órgano público, pues cumple funciones públicas y es financiada con el presupuesto de la nación.   El deseo de transformar Conaf en un Servicio Público es un mero capricho de los que no quieren que esta Corporación siga siendo una piedra en el zapato o traba a proyectos industriales y de inversión que dañan nuestro medioambiente, bosques, aguas y aire”. 

“Por otra parte, al pasar a ser un servicio público Conaf se transformará en un ente burocrático, lento, anquilosado, donde para cualquier cosa se requerirá de una resolución administrativa de la jefatura, y los usuarios (fieles a la ejecutividad y eficiencia de Conaf) pasarán a ser los primeros perjudicados con su transformación.  Por último, se produce cero mejorías al tratarse de un servicio que no tendrá facultades fiscalizadoras con potestad sancionatoria, como un servicio público que se precie de tal y de ser potente. Sigue el mismo sistema de fiscalización, donde todo el trabajo se lo lleva el servicio y las multas se mantienen a beneficio municipal.  Esto es simplemente inaceptable”.

Trabajadores “se verán vulnerados”

Respecto a la segunda pregunta, concerniente a que pasará con las y los trabajadores de CONAF con esta nueva ley, Heinsohn es claro en referirse a este tema.  

“Bajo nuestro punto de vista se verán vulnerados grave y flagrantemente sus derechos, adquiridos por 53 años.

Se producirá precariedad, inestabilidad e inseguridad laboral. Los trabajadores serán traspasados por decretos del Ministerio de Agricultura por orden del Presidente de la República. La individualización del personal traspasado se llevará a cabo por decretos. Esto es una contrata encubierta. O sea, habrá listas de trabajadores que serán traspasados y otros que no. Habrá trabajadores que perderán el empleo. Tanto es así que las normas transitorias del proyecto de ley Sernafor o Serconaf (o como se le quiera llamar) hablan del personal “que sea traspasado” o de los trabajadores “que sean traspasados” (Art, Segundo Transitorio N°3 letra a), letra b), letra d), letra e), N°5).

Si estuviese seguro el traspaso, el proyecto no hablaría de “Personal traspasado” o “Trabajadores traspasados” sino simplemente de “trabajadores del servicio”. Por otro lado, está el actual artículo Séptimo Transitorio, que establece que “El Presidente de la República, mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional Forestal y le transferirá los fondos de la Corporación Nacional Forestal, para lo cual podrá crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes”.

Falta de garantías

Nada garantiza que ese presupuesto abarcará o cubrirá los emolumentos de los actuales trabajadores de Conaf, ni mucho menos. Se agrega que el Ejecutivo ingresó una indicación para disminuir el rango de acción de los trabajadores en el funcionamiento de Conaf o Sernafor o Serconaf, al eliminar la necesidad de que el Reglamento de Evaluación de Desempeño sea hecho por el Minagri en conjunto con los representantes de los trabajadores del servicio y solo contemple “una etapa de participación de los trabajadores del servicio”. Claramente no son lo mismo.

Sinaprof ha insistido hasta la saciedad en que el Traspaso debe operar por el solo ministerio de la ley, de pleno derecho, y debe ser de todo el personal que se encuentre prestando servicios a CONAF al momento de promulgarse la ley.

Por último, a los trabajadores se les aplicará el Código del Trabajo más todas las normas de probidad, transparencia, compras públicas, bases de la administración del Estado, Procedimientos ante los servicios públicos (hasta acá vamos relativamente bien) pero además se les hacen aplicables las normas del Estatuto Administrativo que solo implican cargas para los trabajadores e incluso nuevas causales de despido, como la Remoción. (artículos 61, 90, 90 A, 90 B, 91 y 92 del Estatuto Administrativo).

Un significativo conversatorio, titulado “A 50 años del Golpe de Estado: Una Mirada desde los movimientos sociales y la evolución a la historia de la Aduana”, organizo la ANEF en Valparaíso, centrando la mirada en la valiosa contribución de los movimientos sociales y la evolución de la historia de la Aduana en tiempos oscuros.

El evento, moderado por Mauricio Soudre Taverna, Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios/as de Aduanas de Chile (ANFACH), reunió a destacados panelistas que compartieron sus testimonios y reflexiones sobre aquel período turbulento. Además, en representación de la ANEF Nacional, estuvo presente Yasna Frías, vicepresidenta nacional de Comunicaciones.

En la oportunidad, participaron como panelistas, Katrina Sanguinetti Tachibana, hija de Luis Sanguinetti, mártir aduanero y ex jefe del Departamento de Investigaciones Aduaneras. También, Arnaldo Torres Ramos ex funcionario del Departamento de Investigaciones Aduaneras, y ex Jefe del Departamento Técnico de la Dirección Nacional de Aduanas. Asimismo, la actividad contó con una exposición a cargo del profesor y Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar.

Testimonios

Uno de los testimonios más conmovedores provino del mismo Mauricio Soudre, quien resaltó la trascendental labor de los jóvenes funcionarios aduaneros en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico antes y después del Golpe de Estado. “Tuvimos nosotros en nuestras filas, funcionarios públicos, jóvenes aduaneros, con 25, 26 o 27 años, detenidos, y muchos de ellos también desaparecidos y muertos, asesinados en dictadura“, declaró Soudre, recordando a los colegas que perdieron la vida mientras cumplían con su deber. Asimismo, destacó el propósito de preservar y transmitir la historia y la identidad aduanera a las nuevas generaciones, honrando la memoria de aquellos que sacrificaron sus vidas.

Por su parte, Arnaldo Torres, ex funcionario del Departamento de Investigaciones Aduaneras y testigo directo de los eventos ocurridos durante la dictadura, recordó emocionado a los cinco compañeros que perdieron la vida en un destacamento de alto nivel. “Hemos recorrido en la búsqueda de quienes están desaparecidos, tocando puertas. Algunos de nuestros compañeros aún no aparecen, pero descubrimos que otros estuvieron en Pisagua“, afirmó Torres, quien compartió además que próximamente se instalará en el Campamento de Prisioneros de Pisagua, que operó como campo de prisioneros y centro de torturas, un monolito para recordar a quienes perdieron la vida en ese lugar

En resumen, el conversatorio fue una oportunidad para reflexionar sobre el legado de aquellos valientes aduaneros que perdieron la vida en dictadura y resaltar el papel crucial de la Aduana en la historia del país. También sirvió como espacio para repensar el rol fundamental que debe desempeñar la institución en la actualidad, especialmente considerando su rol esencial en materia de seguridad.

Indignados se encuentran los dirigentes y afiliados de las Asociaciones de Funcionarios Regionales y de la directiva de ANEF Atacama ante la respuesta dilatoria y oficiosa de la Delegación Presidencial Regional que preside Cristhian Varas Fuentes, sobre denuncias de eventuales malas prácticas laborales, tales como vulneración del interés superior de la niña o niño, acoso laboral, acoso maternal posnatal, acoso sexual, y procesos disciplinarios con forma y apariencia de sumarios administrativos pero dada la ausencia del debido procesos, no son más que burdas prácticas antisindicales 

La directiva reprocha de forma enfática la actitud oscilante del DPR de Atacama que se mueve desde el negacionismo de los hechos y de los acuerdos alcanzados por un lado y en perseverar en la respuesta dilatoria, burocrática y oficiosa, por otro.

Movilización

Los dirigentes expresan que el tiempo transcurrido tras las denuncias realizadas, elevan la presunción de que no existe voluntad de la autoridad para restablecer el derecho, investigar las denuncias, sancionar los responsables y reparar a las víctimas, en contravención al Convenio 190 de la OIT recientemente ratificado por Chile. 

La directiva reafirmó su apoyo irrestricto a todas y todos los dirigentes perseguidos y a las funcionarias y funcionarios vulnerados en sus derechos, para que vaya su solidaridad y reconocimiento.

En concreto, la ANEF exige que se investiguen las denuncias, se sancione a los responsables, y se repare a las víctimas. 

Para expresar esta indignación y reproche la directiva ANEF Atacama convocó a una manifestación el día martes 25 de julio en el frontis de la Delegación Presidencial Regional de Atacama a las 11:30 hrs, junto al presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli, otros miembros de la directiva nacional, instancia en que se denunciarán los atropellos a los derechos fundamentales de las y los trabajadores, que no han tenido respuesta de la autoridad regional.

La presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en la Araucanía, Sandra Marín, ha hecho pública la situación que pesa contra cuatro autoridades de la región, acusadas de maltrato y acoso laboral, de las cuales tres son secretarias regionales ministeriales (seremi). Las acusaciones han llevado a la separación de sus funciones a dos de ellas, ya sea por renuncia o decisiones de la repartición.

Entre las autoridades señaladas por Sandra Marín se encuentran la seremi de Energía y la seremi de Justicia, en las cuales se han iniciado procesos sumariales para esclarecer las denuncias. Sin embargo, la presidenta de ANEF ha manifestado su preocupación por la falta de rapidez en el abordaje de las denuncias y la ausencia de medidas de resguardo para los denunciantes.

En el caso de la seremi de Justicia, las acusaciones han sido interpuestas desde septiembre del año pasado por tres funcionarios del equipo, lo que ha generado una situación tensa en la repartición, debido a que es un equipo pequeño y es difícil evitar el contacto entre las partes involucradas. A pesar de las denuncias formales, aún no se han tomado medidas contundentes para garantizar el buen funcionamiento del servicio y el bienestar de los empleados.

En otro caso, la seremi de Educación también está siendo investigada por acusaciones de maltrato laboral y prácticas antisindicales hacia la dirigencia de la repartición. La situación ha llamado la atención debido a que una de las denunciantes fue la propia jefa de Gabinete de la autoridad, quien llegó al cargo para trabajar estrechamente con la seremi y posteriormente se vio obligada a alejarse del servicio por las condiciones laborales.

Procesos más expeditos

La presidenta de ANEF Araucanía destacó la importancia de tomar medidas urgentes para proteger a los denunciantes y garantizar que los procesos de investigación sean más rápidos y efectivos. Además, resaltó la necesidad de que las autoridades políticas, como las seremis, se alejen de sus funciones mientras dura el proceso, como una muestra de cero tolerancia al maltrato y acoso laboral, tal como se comprometió el Gobierno.

La ANEF ha ofrecido su apoyo a los funcionarios y funcionarias que han tenido el valor de denunciar estas situaciones, reconociendo el dolor, malestar y frustraciones que conlleva enfrentar casos de maltrato y acoso laboral.

Ante esta controversia, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ha solicitado una revisión exhaustiva de los protocolos y una actuación más rápida por parte de las autoridades para garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso para todos los trabajadores de la región.

La audiencia para las tres funcionarias afectadas de la seremi de Justicia está programada para el 3 de agosto, donde la ANEF estará presente para brindar su apoyo y acompañamiento en este proceso.