Columna de Opinión del Periodista Daniel Carrasco Resulta un tanto complicado, contradictorio y sin un inicio o fin, el poder enumerar las cosas que creo, están mal dentro de nuestra sociedad. Vemos día a día, injusticias, abusos, impunidad, ilegalidad, y por encima de todo eso, el aprovechamiento del poder. Una cúspide social, se pelea con […]
“No existe una explicación lógica que permita determinar como un presidente se puede oponer a un proyecto que más del 80% de la población quiere que se materialice. La gente no quiere este 10% para irse de vacaciones, sino porque lo necesita para solucionar las problemáticas surgidas por esta pandemia que se ha extendido más allá de lo presupuestado”, aseveró el parlamentario.
Esta semana, está marcada por una nueva discusión en el parlamento por la posibilidad de realizar un segundo retiro de los fondos previsionales. Lo anterior como forma de paliar la inacción del gobierno. No dejaron otra opción a la comunidad, ya que, en medio de la actual crisis sanitaria, éste no ha extendido ayudas generalizadas para todos.
Cabe mencionar que todos los anuncios realizados por el ejecutivo, durante esta época, han tenido reclamos por parte de la comunidad. Indicando en su momento a través de redes sociales, que no pudieron optar a ninguno de los beneficios señalados por Sebastián Piñera.
Bajo este aspecto, no resiste análisis la situación de empobrecimiento que ha tenido la sociedad chilena. Quienes debido a las restricciones por la pandemia – que, dicho sea de paso, no se condicen las actuales estadísticas con los protocolos sanitarios y de contención epidemiológicas- han perdido trabajos, sueños y emprendimientos.
En medio de este escenario, el domingo pasado el presidente de la república presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, para frenar esta nueva iniciativa parlamentaria. Señalando que este segundo retiro resultaba inconstitucional y generaría un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos.
Ante las demandas del ejecutivo, el diputado por el distrito 25, Fidel Espinoza comento que el mandatario con estas acciones lo único que va está logrando es “provocar a un país entero”.
“No existe una explicación lógica que permita determinar como un presidente se puede oponer a un proyecto que más del 80% de la población quiere que se materialice. La gente no quiere este 10% para irse de vacaciones, sino porque lo necesita para solucionar las problemáticas surgidas por esta pandemia que se ha extendido más allá de lo presupuestado”.
Junto con esto, el parlamentario dijo que frente a esta situación es posible que se pueda generar un nuevo estallido social. Ya que la nación no aguanta más con estas medidas sanitarias, que han desencadenado en la solicitud de ocupar dineros que están destinados a resguardar la vejez de los chilenos.
“Ellos pretenden aprobar su proyecto, el cual es una ridiculez, ya que éste estará sujeto a impuestos, a quienes tengan un sueldo mayor. No quieren que sea universal, como lo hemos propuesto en la cámara. En definitiva, el presidente está gobernando para sus amigos empresarios y no para el país. En este sentido le decimos a la comunidad que esté tranquila porque haremos todo para que puedan contar con esos dineros”, continuó Espinoza.
Hace un par de años, cuando estaba el país bajo el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, y ante la baja popularidad y aceptación de su gobierno, por parte de la nación, Sebastián Piñera posteó en su twitter que debería dejar el cargo.
Hace poco, un grupo de parlamentarios de oposición le solicitaron la renuncia al presidente por atentar contra la necesidad de los chilenos. En esta materia, el diputado socialista, Fidel Espinoza aclaró que no está de acuerdo en solicitar eso. Ya que Piñera ganó su puesto de manera democrática.
Pero especificó que, en un acto republicano, el jefe de la nación debiera hacer un autoanálisis. Donde tome razón que no está gobernando a favor del país, si no que, de un grupo limitado de personas y sus acciones son repudiadas por la comunidad.
“Creo que, si el sigue en esta actitud, donde plantea políticas que van en contra de la nación, es porque no quiere seguir en el poder, y quiere que llegue el caos al país. Piñera está tratando de apagar el fuego con bencina. Si no quiere seguir gobernando, que adelante las elecciones. Que diga que su gobierno no da más y que se realice una nueva elección presidencial junto con alcaldes y gobernadores. Y así no pase lo que algunos de su sector político, que desea que hayan imágenes de personas destruyendo todo”, apuntó el congresista.
“La gente está indignada y va a salir a las calles a manifestar su descontento por las acciones del mandatario, y dentro de esto está la posibilidad de que haya destrozos. Nosotros esperamos que no, porque con esto se afecta al trabajo de quienes están saliendo a las calles a marchar”.
Continuó Espinoza: “No entiendo por qué Sebastián Piñera está haciendo esto, si el mismo dijo que amaba a su país. Entonces porque impide que la gente tenga un alivio en un momento que la gente lo está pasando mal”.
Acusó también no se explica la razón por la cual en esta oportunidad si llevó al Tribunal Constitucional, alegando que esta reforma atenta contra la carta magna, por qué en el primer retiro no hizo lo mismo.
“Yo ante este cuestionamiento tengo una sola respuesta: que sus amigos empresarios lo están cuestionando, porque ellos lo eligieron para que los proteja, y no lo está haciendo. Él ya optó por el camino de resguardar los intereses de una elite”, respondió.
El diputado socialista agregó que pese a los temores que se elucubraron durante el primer retiro, donde se dijo que el país iba a perder por esta acción, sucedió todo lo contrario, ya que el país económicamente se reactivó.
“Esto no es un capricho, la gente necesita esta plata con urgencia, ya que, haciendo una triste remembranza, las ollas comunas se han transformado en una realidad, tal como lo fuera durante el gobierno militar”, concluyó.
Redacción y entrevista: Daniel Carrasco
El parlamentario de la región de Los Lagos, calificó la propuesta del Gobierno, como “restrictiva e insuficiente”. Asimismo, afirmó que al ejecutivo “le interesa más cuidar a las AFP que permitir a los chilenos acceder a sus propios ahorros”.
El vicepresidente del Senado Rabindranath Quinteros afirmó que el proyecto de segundo retiro del 10% de las pensiones será puesto en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria de este miércoles. A pesar de que el gobierno recurriera al Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados.
“El gobierno quiere secuestrar el proyecto del Congreso, llevándolo al TC, para que prioricemos su propia iniciativa, que es restrictiva e insuficiente. Parece que al gobierno le interesa más cuidar a las AFP que permitir a los chilenos acceder a sus propios ahorros”, afirmó el legislador
El parlamentario señaló que espera que los parlamentarios oficialistas que en días pasados comprometieron su voto a favor de la iniciativa mantengan su respaldo a la propuesta elaborada en la Cámara Baja.
“Confío en que a pesar de las presiones, los senadores del oficialismo van a cumplir su palabra, así como lo hicieron en el primer proyecto de retiro”, comentó.
Quinteros criticó la decisión del gobierno de recurrir al TC. “El presidente dice que con este requerimiento al Tribunal Constitucional, el gobierno cumple con su promesa de respetar la constitución y las leyes. ¿Y por qué no recurrió al TC cuando se aprobó el primer retiro? ¿Faltó el gobierno a su deber entonces?”, cuestionó el parlamentario.
El vicepresidente del Senado recordó que durante el primer retiro, que se aprobó en julio pasado, el gobierno no hizo reparos de constitucionalidad aunque el proyecto es similar al que se discute ahora. Puntualizó que varios constitucionalistas afirmaron que el texto legal no contenía reparos. El Congreso está habilitado para impulsar iniciativas de reforma constitucional transitoria como la que se está discutiendo.
El senador por Los Lagos puntualizó que existe una sentencia del TC que señala que ”el derecho a la seguridad social busca hacer frente a una contingencia social grave. Ya sea la vejez, enfermedad, un estado de necesidad, entre otras”.
En ese contexto, recalcó que la situación que experimenta el país, con alto desempleo, bajas en los ingresos, comercio y actividades productivas paralizada y ciudades completas en cuarentena constituyen una contingencia social grave.
“En ese sentido, el proyecto de retiro no atenta contra la seguridad social, sino que ofrece una respuesta efectiva ante la inacción del gobierno”.
“El retiro parcial de los fondos de pensiones se explica por la urgencia provocada por la pandemia. Si el gobierno hubiera tomado otro tipo de medidas para garantizar la seguridad social de la población, como un ingreso garantizado de emergencia digno, no estaríamos discutiendo si la gente puede o no recurrir a sus pensiones”, concluyó Quinteros.
A nivel nacional, iniciativa del Indespa beneficiará a 510 recolectoras de orilla
Un kit con ropa impermeable, botas, guantes y gorro, recibieron 13 mariscadoras y algueras de Maullín, región de Los Lagos. Todo ellos en el marco del programa impulsado por el Gobierno a través del Indespa, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Esta indumentaria, de estándar profesional, mejorará ostensiblemente la seguridad y comodidad con las que estas recolectoras de orilla desarrollan sus labores cotidianas.
El Director Zonal de Pesca y Acuicultura, Rafael Hernández, junto al alcalde de Maullín, Jorge Westermeier, acompañaron esta primera entrega de equipos. Entrega que se extenderá durante los próximos días a un total de 234 recolectoras de 13 comunas de la región, entre ellas Puerto Montt, Calbuco y Hualaihué, Los Muermos, San Juan de la Costa, Ancud, Castro y Quemchi.
“Estos kits les van a permitir realizar un mejor trabajo no solo en lo extractivo, sino también para su salud. Ya que les va a permitir, por un lado protegerse del sol y del clima que tenemos en la región, evitando el frío permanente que sufren en su actividad diaria”, precisó la autoridad zonal de pesca.
Estas algueras y mariscadoras optaron a dos tipos de sets que incluyen: bota jardinera impermeable, guantes, chaqueta impermeable y gorro con cubre cuello. Así como pantalón impermeable, chaqueta impermeable, guantes, botas de agua y gorro con cubre cuello, respectivamente.
Verónica Flores, dirigente del sector pesquero artesanal de Maullín, valoró la recepción de estos equipos. “Casi la mayoría, sobre todo la mujer recolectora de orilla, van a la mar con sus propias ropas, entonces es muy importante estos trajes. Es un tremendo apoyo para las mujeres, les va a cambiar su manera de trabajo, no andarán mojadas”, describió.
Otras 122 recolectoras de orilla de la región que optaron a un kit con traje de surf, guantes, botines antideslizantes y gorro con cubre cuello, accederán a su indumentaria próximamente. Cuando parte del equipamiento llegue desde el extranjero.
A nivel nacional, esta iniciativa implica una inversión cercana a los 300 millones de pesos, y contempla en esta primera etapa la distribución de 510 kits en las Regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.
“Tiene que ver únicamente por un ámbito personal y familiar, aspecto fundamental a la hora de tomar esta decisión” Ex Seremi de Salud Scarlett Molt.
La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos informa a la comunidad que la Seremi de Salud Scarlett Molt Heise presentó su renuncia indeclinable al cargo de autoridad regional de salud. Lo anterior, a partir del 30 de noviembre.
La profesional química farmacéutica, con un MBA en la Universidad Austral de Chile, diplomada en Salud Pública y otras especializaciones estuvo a cargo de la cartera de salud por más de dos años.
Desde allí debió enfrentar diversas problemáticas medio ambientales, entre ellas, la contingencia de la basura en la Provincia de Chiloé. La crisis sanitaria por el agua en la comuna de Osorno y actualmente la pandemia por Sars Cov2 en toda la Región desde el 7 de marzo cuando se detectara el primer caso en la comuna de Puerto Montt.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Seremi de Salud. Es una decisión que he tomado con mucha tranquilidad, confianza y que he manifestado a mis autoridades superiores. Como el Intendente Harry Jürguensen, la Subsecretaria Paula Daza y el Ministro de Salud, Enrique Paris. Tiene que ver únicamente por un ámbito personal y familiar, aspecto fundamental a la hora de tomar esta decisión”.
“Como Seremi de Salud y durante todo el periodo que he estado trabajando deseo expresar el agradecimiento a los funcionarios de la institución de salud quienes han debido enfrentar esta pandemia. Con una excesiva carga de trabajo en los diversos ámbitos que nos competen en el aspecto sanitario como epidemiológico”.
“Durante este tiempo hemos desplegado un intenso trabajo que no ha estado exento de dificultades, con el único objetivo de proteger a la comunidad. En una Región tan diversa como la nuestra. Con características tan complejas y particulares, lo cual nos plantea, en el desafío de la implementación del Plan Paso a Paso. Una toma de decisión menos centralizada que nos permita mayor autonomía y agilidad al momento de ejecutar acciones”.
Los abogados de Felipe presentaron un recurso de nulidad, el cual es un trámite rápido y donde se aceptó la presentación de esta solicitud jurídica. Lo más importante, es relevar la condición que padece el joven. Una discapacidad cognitiva leve (mentalidad de un niño de 12 o 1 años), lo cual no fue considerado dentro del proceso judicial”, aclaró Luis Ramírez
Tribunales de Puerto Montt condenaron a Felipe Santana a 7 años y 4 meses. Luego de encontrarlo culpable en el incendio frustrado en la catedral de la misma ciudad.
El joven mueblista se mantuvo en prisión preventiva casi 11 meses, tras ser detenido por el OS-9 el 25 de noviembre del año pasado. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt dictó veredicto condenatorio. Todo esto en calidad de autor de los delitos consumados de daños a bien de uso público y hurto simple. Así como el delito frustrado de incendio de inmueble habitado. Ilícitos que según el tribunal habrían sido perpetrados en noviembre del año pasado, en el centro de la ciudad.
Grupos que apoyan la causa del joven de 20 años, alegando un juicio injusto. No se han considerado pruebas contundentes que avalan la inocencia de Felipe.
Luis Ramírez, vocero del grupo de observadores de DD.HH de Puerto Montt, contó a radio Reloncavi, como se sucedieron los hechos del pasado 14 de noviembre de 2019. Explicó que los actos en contra de la iglesia, se debe a la impunidad y abuso que ha cometido la institución eclesiástica a través de los años.
“La iglesia fue atacada por algunos participantes de la movilización a manera de repudio contra esos actos de impunidad. Se hicieron amagos de incendio en la puerta de la catedral, donde se quemaron cartones y algunos plásticos. Fue eso; un amago, no como lo sucedido en Santiago, donde se quemó una iglesia. Se escuchó sonar las campanas, llegan dos carros de bomberos, para apagar un amago de incendio. También se acercó un carro lanza aguas de carabineros”, contó Luis.
Ramírez señaló que el personal de bomberos se retiró del lugar, ya que con carabineros operando el “guanaco”, no pudieron continuar con sus labores.“No hubo nada más que eso, intentos de incendios, que terminaron con la quema de las bancas enfrente de la plaza de armas”
Ramírez agregó que tras el tumulto de la ciudadanía, apostada en ese sector, no permitió ver con claridad a quienes participaban del atentado.
“Todas las formas de violencia son cuestionables. El problema es que aquí a Felipe se le está condenando por haber estado en el lugar de los hechos. Él estuvo ahí, efectivamente, pero de ahí a que haya prendido fuego para iniciar el incendio, o que haya ocupado un acelerante, es súper difícil poder demostrarlo. No hay pruebas que lo indiquen como autor”, explico el observador de DD.HH.
El vocero de los OBSERVADORES indicó que lo que ellos están solicitando es que Felipe tenga un juicio justo. El estar al lado de una fogata, o haber tirado un semáforo, no se condice con la condena que se le atribuyó.
“Los abogados de Felipe presentaron un recurso de nulidad, el cual es un trámite rápido y donde se aceptó la presentación de esta solicitud jurídica. Lo más relevante de esto, es que el joven padece discapacidad cognitiva leve, lo cual no fue considerado dentro del proceso judicial”, aclaró Luis Ramírez
El vocero señaló que las filmaciones con las que la fiscalía logró determinar que Felipe estaba ahí, no han podido demostrar la participación del joven en los hechos que se le imputan. Como tampoco se le hicieron pruebas de hidrocarburos.
Dentro de todo este proceso judicial, y a razón de las pruebas más contundentes que ponen al joven en una posición de enjuiciamiento político, es que tanto su discapacidad, como el hecho de que fuera detenido con casi 10 días posteriores, que no permitieron establecer trazas de acelerantes en su ropa, surgen ideas y algunas pruebas, de que la defensa no consideró a propósito dichos antecedentes.
A través de redes sociales se viralizó un escrito que hace referencia a acusaciones de infiltración. Se cuestiona que el abogado defensor de Felipe Santana, participe activamente de organizaciones y grupos opositoras al estallido social.
Según lo que indica el escrito: “el joven abogado de 31 años, egresado de la U de Concepción ´ha cometido delito de prevaricación según señalan los artículos 231 y 232 del código penal´. El profesional cerró su cuenta en Twitter, @syuraszeck pero ya muchos habían accedido a la información que comparte, donde hace serias críticas al organismo estatal de defensa de los Derechos Humanos, INDH, reivindica la figura de Pinochet, está a favor de organizaciones de ultraderecha como APRA de la Araucanía.
El documento también hace referencia a los nexos que tiene el jurista con el abogado Patricio Navarro, Coordinador de Seguridad Pública para la Región de Los Lagos, considerando que la Intendencia Regional es uno de los querellantes en este caso.
En este aspecto, Luis Ramírez indicó que como organización emitieron un comunicado donde dan su opinión al respecto. “Para nosotros fue bastante sorpresivo encontrarnos con esta información. Se habla de uno de los abogados de Felipe, donde lo sindican como simpatizante del gobierno actual, con publicaciones a favor de grupos de derecha. Hay que aclarar que él no pertenece y nunca lo ha hecho de nuestra organización”, detalló.
“El abogado Sebastián Yuraszeck llegó a esta causa de manera voluntaria. Ofreció sus servicios, ya que en otras oportunidades había defendido a manifestantes, por lo que no nos generó ningún tipo de sospecha”– aclaró Ramírez. “Las explicaciones en cuanto a la motivación que llevó a Yuraszeck a colaborar en la causa de Felipe, es algo que sólo él puede aclarar”, especificó el observador.
El representante de los ODDH de Puerto Montt indicó que el ánimo de la defensa de Felipe era “lograr lo que todos nosotros esperamos, y es que pueda estar en la calle como todos los demás, en libertad”.
Ramírez agregó que el actual defensor, Cristóbal Muñoz, quien también es asesor legal de la organización, declaró que existe un concepto denominado “DEFENSA TÉCNICA”. Esto va más allá de la ideología o pensamiento que tenga el litigante, “por lo que creemos que el proceso llevado para defender a Felipe ha sido hasta el momento correcto”, aclaró.
Con respecto al supuesto infiltrado, el observador señaló que apoyan la gestión de Cristóbal, pero se desenmarcan completamente de las acciones, dichos o participaciones de Yurazseck. Cuestionan el origen y las motivaciones que tuvo para acercarse a trabajar con Felipe. Además, concluyó que fue el propio condenado el que solicitó un cambio en el equipo que está trabajando en su defensa.
En la región, más de 4 mil 300 trabajadores han sido postulados por 1 mil 487 empresas, la mayoría, a través de la línea Contrata.
El Intendente y la Secretaria Ministerial del Trabajo de la región, reiteran llamado a los empleadores a postular al Subsidio al Empleo. Están disponible las líneas Regresa o Contrata.
A la fecha se han postulado 4 mil 372 trabajadores de este número, 611 personas corresponden a la línea Regresa y 3711 a la línea Contrata. En total 1 mil 487 empresas han postulado a este beneficio.
“En la región de Los Lagos ya son 1500 las empresas que han postulado a este subsidio del empleo, han favorecido a casi 4400 trabajadores con este sistema y de los cuales más de mil corresponden a la micro, pequeña y mediana empresa, es decir, claramente está beneficiando a todos los empresarios y especialmente a las micro y pequeñas empresas”, dijo el Intendente Regional.
Los empresarios que optaron por la la Ley de Protección del Empleo se les informa “si necesiten volver a contratar, o que necesiten aumentar adicionalmente el número de trabajadores que postulen al subsidio del empleo”.
El Sence en www.sence.cl estará habilitado. “Es necesario que este sistema, que este subsidio, este instrumento efectivamente tenga un impacto positivo en la región, en la creación de empleo. Y en el regreso de aquellos trabajadores que han estado bajo la Ley de Protección del Empleo”, agregó la máxima autoridad regional.
“Quiero hacer un llamado a todas las empresas, microempresas y pymes de la región a postular al Subsidio al Empleo que está siendo canalizado a través del Sence. Es una tremenda herramienta, es un tremendo apoyo para poder generar los distintos empleos y por supuesto recuperar los empleos que se han perdido por la pandemia y el estallido social”, manifestó el Seremi del Trabajo.
Este subsidio en su línea Contrata, potencia nuevas contrataciones de trabajadores. A través de un subsidio equivalente al 50% de la remuneración bruta mensual. Tiene un tope de hasta $250 mil, por cada contratación adicional respecto a la nómina de trabajadores a julio de 2020. Para los jóvenes entre 18 y 24, mujeres y personas con discapacidades, el subsidio tendrá un tope mayor, de $270 mil pesos.
En tanto, la Línea “Regresa”, impulsa la mantención de contratos de trabajadores suspendidos bajo la Ley de Protección del Empleo (LPE). Este consiste en la entrega a la empresa postulante de un subsidio equivalente a $160.000. Hasta 6 meses, por cada trabajador que retorne a su puesto de trabajo tras haber estado con su contrato suspendido por la LPE. Y su remuneración sea hasta 3 Ingresos Mínimos Mensuales ($961.500).
Mientras proyecto de segundo retiro de 10% de las AFPs fuera aprobado en Comisión de Constitución y pasa a su último trámite en Sala, el Gobierno de Piñera presenta su propio proyecto de retiro. Iniciativa que viene con letra chica. Baja el monto máximo de retiro y considera el reintegro de los montos retirados desde las AFPs.
Una jornada extensa y convulsionada se produjo este miércoles en la Comisión de Constitución del Senado, que aprobó en general y particular, el segundo retiro del 10% desde las AFPs. De esta forma, queda la iniciativa en condiciones de ser analizada en el plenario de la Sala del Senado. No obstante, que el Gobierno, a través del Ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, presentó reserva de constitucionalidad.
Este planteamiento permitirá al Ejecutivo acudir al Tribunal Constitucional para impugnar un segundo retiro de las AFPs, en caso que el pleno del Senado aprobara la iniciativa.
No fue el único aviso que se dio a conocer en la jornada, ya que el Gobierno de Piñera, presentó un proyecto propio de retiro de fondos de AFP. Este limita montos y beneficiarios con reintegro obligatorio. Proyecto que será discutido este jueves en las comisiones conjuntas de Trabajo y Previsión Social y Hacienda.
Este proyecto de última hora presentado por el Ejecutivo, limita los montos y beneficiarios del retiro, excluyendo a las más altas rentas. Establece el deber de reintegrar a las cuentas de capitalización individual de las AFPs los montos que serán retirados.
De acuerdo a los antecedentes del proyecto presentado la tarde del miércoles, se excluye del retiro a las “personas que a la fecha de solicitar tengan cotizaciones previsionales declaradas en el mes inmediatamente anterior a la solicitud y cuyas remuneraciones sean iguales o superiores a 100 UF (2,9 millones de pesos)”. También quedan fuera del beneficio los altos funcionarios públicos, vale decir autoridades, ministros, subsecretarios, parlamentarios, “personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad al artículo 38 de la Constitución”.
Además, el texto establece que monto máximo de retiro, que en el proyecto de la oposición es de 150 UF (4,3 millones de pesos), en este caso será de 100 UF (2,9 millones de pesos). También establece que se pagará en dos cuotas y, no en una sola cuota como establece el proyecto de la oposición: el primero a 60 días de efectuada la solicitud y 10 días después del primer pago.
El Ejecutivo despliega una batería de iniciativas, para frenar el segundo retiro del 10% de las AFPs, que incluyen la famosa reserva de constitucionalidad y un nuevo proyecto de retiro, avalado por el Gobierno de Piñera. Sin embargo, por la otra vereda, el proyecto original avanza a su último trámite en el Senado, donde será analizado en el plenario.
La idea de legislar se aprobó por 3 votos a favor de los senadores Alfonso De Urresti, Francisco Huenchumilla y Pedro Araya. Votos en contra de los senadores Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea. Mientras que, por votaciones de mayoría, se despejaron las indicaciones que recibió la iniciativa en la discusión en particular.
Se presentaron 27 indicaciones. Sin embargo, el senador Francisco Chahuán decidió retirar casi todas las de su autoría, por lo que se sometieron a votación sólo una decena.
Entre los principales cambios aprobados se encuentra el que disminuye de 30 a 15 días hábiles el plazo para acceder al retiro de los fondos. Esto desde la presentación de la solicitud ante la respectiva administradora de fondos de pensiones. La indicación fue presentada por el senador Carlos Bianchi. Contó con los votos favorables de los senadores Pedro Araya, Francisco Huenchumilla y Alfonso De Urresti. Dos en contra de los senadores Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea.
Se aprobó una indicación de los senadores Francisco Huenchumilla y Alfonso De Urresti para que las AFP no realicen discriminaciones arbitrarias. Especialmente en el caso específico de personas que se sometieron al cambio registral de identidad.
Otro de los cambios introducidos al proyecto dice relación con los deudores de las pensiones de alimentos. Se trata de una indicación presentada por los senadores Isabel Allende, Ximena Rincón, Carlos Bianchi y Ximena Rincón. Fue aprobada con tres votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
“Respecto a las deudas originadas por obligaciones alimentarias, decretado el pago por el tribunal, el alimentario acreedor se subrogará por el solo ministerio de la ley. Hasta el monto de lo adeudado por obligaciones alimentarias, en los derechos del afiliado deudor. Recibida la orden del tribunal, la Administradora procederá a efectuar el pago de conformidad a la resolución respectiva”.
El resto de las indicaciones analizadas fueron desechadas. Entre ellas una propuesta de los senadores Rodrigo Galilea y Carmen Gloria Aravena que planteaba límites al retiro. Además planteaba que quienes retiraran fondos debieran ir reponiéndolos con una contribución extra de 0,5%.
También se desechó una indicación del senador Francisco Chahuán que planteaba que el retiro esté limitado a 35 UF. Estableciendo ciertas incompatibilidades para acceder a los fondos, como por ejemplo, tener APV por 35 UF o más, entre otras.
Asimismo, la comisión rechazó una indicación del senador Iván Moreira para que los retiros superiores a 70UF (2 millones de pesos aproximados) paguen impuestos.
Una indicación de los senadores Bianchi y Rincón que planteaba que quienes reintegran en sus fondos, un monto equivalente a lo retirado, podían volver a solicitar un nuevo retiro, en las mismas condiciones.
“En vez de amenazar con recurrir al Tribunal Constitucional, el Presidente debería preocuparse de dar respuestas a la gente que se siente abandonada por el Gobierno en medio de la peor crisis de las últimas décadas”, senador Quinteros
Una ola de críticas de diversos sectores generó las declaraciones del Presidente Piñera de acudir al Tribunal Constitucional, de aprobarse en el Senado un segundo retiro del 10% de las AFPs. Las declaraciones del mandatario se dieron en el marco del “Encuentro Anual de la Industria”, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).
En el encuentro empresarial, el jefe de Estado, aseguró que es una “obligación” recurrir al Tribunal Constitucional. Lo anterior para evitar que los parlamentarios utilicen abusivamente resquicios para modificar la Constitución a través de artículos transitorios. Esto en relación a la moción que busca presentar la diputada Camila Vallejos con el objetivo de eliminar los 2/3 necesarios para realizar modificaciones en la Convención Constitucional.
“Lo que estamos viendo hoy día, es que un grupo de parlamentarios, haciendo un uso abusivo de un resquicio, de una elusión constitucional, están pretendiendo inscribir una Constitución paralela. Sin modificar la Constitución vigente a través de artículos transitorios”, fustigó Piñera.
Ante las declaraciones del primer mandatario, las críticas desde los diversos sectores políticos no se hicieron esperar. Acusaron escasa ayuda que ha tenido la población para enfrentar los difíciles momentos económicos producidos por la pandemia del Covid-19.
Para el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quintero, las declaraciones del mandatario, fueron desacertadas. En ese sentido, aseguro que, “En vez de amenazar con recurrir al Tribunal Constitucional, el Presidente debería preocuparse de dar respuestas a la gente que se siente abandonada por el Gobierno en medio de la peor crisis de las últimas décadas”.
“El presidente Piñera va a la SOFOFA a decir lo que los grandes empresarios quieren escuchar. Pero una vez más, se olvida de la mayoría y omite la realidad de las pymes. Los emprendedores, los trabajadores independientes y en general a los trabajadores y familias chilenas que están pagando de su bolsillo los costos de esta crisis”, afirmó el legislador del PS.
“Aquí nadie pretende eludir la Constitución. Lo que estamos haciendo es usar la institucionalidad para sacar adelante medidas que ayuden a los ciudadanos ya que el gobierno los abandonó”, aseguró Quinteros.
Además, indicó que el proyecto del 2do retiro del 10% fue aprobado por más de 2/3 en la Cámara “y lo mismo va a ocurrir en el Senado. Donde incluso parlamentarios oficialistas han comprometido su respaldo a la iniciativa ante la inacción del Ejecutivo”.
La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, calificó de inaceptable las palabras del mandatario en el encuentro empresarial. En ese sentido explicó que “bajo este sistema de hiperpresidencialismo es inaceptable que el Gobierno busque entrometerse en las decisiones del Congreso”.
En ese sentido, fustigó que el parlamento tiene las facultades contempladas en la ley. “Tenemos plenas facultades para actuar de acuerdo a la legalidad que poseemos”, señaló
Por su parte, el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, sostuvo que la intención de La Moneda es que “el segundo retiro tenga restricciones”.
“Va a tener que llevar al Tribunal Constitucional a la unanimidad de la Cámara de Diputados. Incluyendo a todos los diputados de Chile Vamos que validaron que a través de un artículo transitorio a la Constitución podamos regular el ejercicio del derecho a la seguridad social. Frente a una situación especial como es la pandemia”.
“El proyecto se aprobó por mucho más quórum de los dos tercios que el Gobierno requería para su aprobación. Por lo tanto, Presidente Piñera, nos vemos en el Tribunal Constitucional, donde vamos a defender lo que hicimos en el Congreso. Para defender a la gente frente a la inacción del Gobierno que incluso le quitó a la gente el Ingreso Familiar de Emergencia”, declaró el diputado falangista.
El diputado del PPD, Raúl Soto, fue más allá, al asegurar que, con las declaraciones del Presidente Piñera, este arriesga una eventual acusación constitucional si decide llevar al Tribunal Constitucional el proyecto del segundo retiro del 10% desde los fondos de pensiones.
“El Presidente Piñera está aplicando la ley de manera discrecional y arbitraria. Eso incluso podría llevarnos a pensar que el Presidente Piñera está bajo riesgo de una acusación constitucional si sigue intentando llevar el segundo retiro del 10% al TC”, manifestó el parlamentario PPD.
“Lo que hace es darle la espalda, cerrarle la puerta en la cara a los 87% de los chilenos que según las encuestas apoyan este retiro. Parece que No aprendió la lección del 18 de octubre pasado. Del estallido social”, sentenció.
“Me dijeron que era obligación que les pasara mis documentos. Después de eso me llevaron a constatar lesiones. Eso fue cerca de las 8 de la tarde. Después de eso, me devolvieron al calabozo e intentaron hacerme firmar unos papeles que yo no quería. Llega uno de los mismos que me detuvo en el centro y me dice que era obligación que lo haga. Cuando le dije que no quería firmar los papeles, me respondió que me iban a pegar si no lo hacía”.
Por lo general, cuando suceden cosas que atentan contra lo que uno acostumbra a ver, percibir o sentir, la opinión pública condena a quienes son responsables de cometer dichos atropellos. Sin pensar más allá de las circunstancias, sucesos, personas, que pueden intervenir en un acto determinado.
No se trata de aminorar las creencias, ni los baluartes que son importantes para ciertos grupos o comunidades. Pero más allá de juzgar y apuntar con el dedo a quienes, por diferentes razones, se encuentran en medio de actos, que para muchos son condenables, es preciso poder establecer las causas. Pueden ser muchas las razones que llevan a ciertos individuos a cometer, apoyar o simplemente dejarse llevar por lo pasión y el acaloramiento de un momento.
Todos hemos tirado piedras en algún instante de nuestras vidas, a modo de diversión, de protesta, de defensa o simplemente porque la situación lo ameritaba. Todos fuimos jóvenes, donde los procesos hormonales juegan un rol fundamental, que nos hace ser más viscerales, apasionados y restringidos de perspectivas.
En noviembre del año pasado, un hecho levantó el repudio de las autoridades, por la significancia que tiene la catedral para el mundo católico. Anunciaron castigos ejemplificadores para quienes resultaran responsables del ataque a la estructura religiosa. El resultados fue que un chico de 20 años, quien posee un “déficit cognitivo leve”, cumplió con cerca de un año de presidio preventivo. Fue acusado y condenado por más de 7 años, por un incendio frustrado, donde no se pudo comprobar ni verificar trazas en sus vestimentas de acelerantes, ocupados para la quema de las bancas.
En este contexto, y según organizaciones que están respaldando a Felipe Santana, condenado por el hecho descrito líneas arriba, no contó con un juicio justo. Lo anterior, pues no se logró comprobar que él, haya sido el autor intelectual de los hechos. Junto con esto, se acusó que no hubo rigurosidad en la investigación, ya que, a los autores intelectuales, y quienes propiciaron este acto, no se les ha ubicado, juzgado ni menos aún condenado.
Pero más allá de prejuicios, o juicios de valor, por lo general, lo que prima casi siempre son los testimonios de quienes protagonizan los hechos, para que, desde ahí, se pueda emitir una opinión, sin sesgos.
Ya hace un par de días que intentamos conversar de forma directa con Felipe Santana, lo que no pudo efectuarse ya que la defensa se acogió a guardar silencio.
Pese a esta traba, pudimos obtener un relato, del propio Felipe, quien cuenta como se dio el proceso de su detención.
“A mí me pescaron el día 25 de noviembre a eso de las 16:45. Iba bajando por la botillería Millaray, hacia el terminal de buses, cuando se atraviesa un auto blanco. Por detrás, me toman del hombro y alguien me dice que tienen que hacerme un control de identidad. Estas personas no portaban ninguna credencial o identificación. Me subieron al auto y volvieron a repetirme que me harían el control, y después me dejarían en libertad”, inició su relato Felipe.
En la grabación, el joven mueblista contó que permaneció cerca de una hora en la comisaria, donde no le permitieron ni siquiera ir al baño. Le quitaron sus documentos y quisieron requisar su celular, pero no lo andaba trayendo, salvo el de su hermano.
“Me dijeron que era obligación que le pasara mis documentos. Después de eso me llevaron a constatar lesiones. Eso fue cerca de las 8 de la tarde. Después de eso, me devolvieron al calabozo e intentaron hacerme firmar unos papeles que yo no quería. Llega uno de los mismos que me detuvo en el centro y me dice que era obligación que lo haga. Cuando le dije que no quería firmar los papeles, me respondió que me iban a pegar si no lo hacía”
Felipe Santana
Al día siguiente, Santana fue llevado a control de detención, donde se le informó que estaba imputado por ser presunto autor de los daños a la catedral, trasladándolo al complejo penitenciario de Alto Bonito.
Sin más, y para que saquen sus propias conclusiones, les adjuntamos el audio donde el propio Felipe cuenta su versión de lo sucedido.
Entrevista y redacción: Daniel Carrasco
