“Podemos” impone una regularización histórica de migrantes
Lo anunciando ayer en Madrid por la Eurodiputada y futura candidata de PODEMOS a la Presidencia del Gobierno de España, Irene Montero, quizás sea una de las noticias más importantes de los últimos tiempos en Europa y especialmente, para la comunidad migrante en España y Europa. Gracias al impulso de PODEMOS a través de su Secretaria General, Ione Belarra y con el respaldo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se ha aprobado una regularización extraordinaria de personas migrantes que se encontraban en situación administrativa irregular en territorio español.
La medida impulsada principalmente por el partido PODEMOS, beneficiará a todas aquellas personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y con su entrada en vigor, quedarán anuladas las órdenes de deportación para quienes se encuentren dentro de este marco. Se acaba el trabajo sin derechos. Serán más de medio millón de personas las que obtendrán su documentación y podrán construir una vida digna, estable y normalizada en España y en Europa.
Con esta decisión, el Estado español pasará a percibir más de 500 millones de euros anuales en impuestos, fortaleciendo el sistema público de atención social y de salud primaria. Esto representa una dura derrota para los empresarios explotadores y para los sectores conservadores de la extrema derecha, que durante años se beneficiaron de la precarización laboral y de la explotación humana de las personas migrantes.
Mientras los republicanos y Donald Trump en Estados Unidos llevan a cabo una operación sin precedentes de persecución, criminalización y violencia contra la comunidad migrante, liderazgos de izquierda en Europa como Ione Belarra, Irene Montero, Serigne Mbayé, Gerardo Pisarello, Isa Serra, entre otras figuras progresistas, han logrado un acuerdo histórico en defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas migrantes.
Mientras en Europa se avanza en derechos, en Chile se retrocede.
En Chile se pretende instalar un modelo de persecución y estigmatización contra las personas migrantes, encabezado por José Antonio Kast, que desconoce principios básicos del derecho internacional y vulnera abiertamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En particular, se transgrede el artículo 13, que consagra el derecho de toda persona a circular libremente, elegir su residencia, salir de cualquier país y retornar al propio.
Ante esta ofensiva reaccionaria, el país enfrenta una disyuntiva histórica, profundizar un camino de exclusión y miedo o asumir con valentía una política de regularización amplia, humanitaria y responsable para más de 600 mil personas migrantes que hoy sobreviven en la informalidad, sin protección efectiva del Estado.
Regularizar en Chile no es premiar la irregularidad, como intenta instalar la extrema derecha, sino restituir derechos, fortalecer la cohesión social y ordenar institucionalmente la migración. Además, es una decisión que tiene efectos económicos positivos. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un proceso de regularización podría aumentar los ingresos fiscales de Chile en hasta un 1,28%, confirmando que inclusión y desarrollo no son fuerzas opuestas, sino partes de una misma solución.
Esto generaría un impacto fiscal positivo estimado en más de 500 millones de dólares anuales, producto del aumento en la recaudación tributaria y de la incorporación formal al mercado laboral de una población mayoritariamente en edad de trabajar. Diversos estudios evidencian que la integración plena de la mano de obra migrante, incluida aquella con alta cualificación, contribuye de manera significativa al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y dinamiza sectores estratégicos de la economía chilena.
