El gobierno argentino participa del golpe electoral en Honduras

Según registros informáticos difundidos por medios locales, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall y Cossette López —representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente— fueron ubicadas en la Embajada Argentina en Tegucigalpa en momentos clave del conflicto institucional. El dato no es menor: se produjo tras la ruptura del pleno del CNE y luego de que el consejero oficialista Marlon Ochoa denunciara penalmente a ambas funcionarias ante el Ministerio Público.

La crisis política que sacude a Honduras tras las elecciones generales del 30 de noviembre sumó en las últimas horas un elemento de gravedad regional: la participación activa del gobierno de Javier Milei en el entramado que busca consolidar un golpe de Estado electoral en el país centroamericano. Lejos de un rol neutral, la Argentina emerge como pieza auxiliar en una operación que no puede exhibir a sus verdaderos promotores como protagonistas visibles.

Que asuntos estrictamente electorales se tramiten en una sede diplomática extranjera expone el carácter opaco de la maniobra y refuerza las denuncias de injerencia externa. En este esquema, el gobierno argentino cumple un rol de cobertura política y logística, ofreciendo un espacio “amigo” para avanzar en decisiones que no resisten la luz pública ni el control institucional hondureño.

Ochoa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), fue categórico al rechazar la validación de unos resultados que calificó de fraudulentos. Denunció que Hall y López intentan emitir la declaratoria oficial sin concluir el escrutinio, dejando sin resolver más de 10 mil actas con inconsistencias y cerca de 300 impugnaciones. “No voy a firmar un fraude, aunque me lleven a punta de bala”, advirtió, al tiempo que exigió un conteo voto por voto de las más de 19 mil urnas del nivel presidencial.