Una denuncia ante el Ministerio Público realizó el día de ayer el concejal de Puerto Montt Juan Carlos Cuitiño (PEV). El objetivo fue solicitar que se investiguen los fondos de subvenciones escolares sin rendir desde el año 2014 en adelante, y la presunta comisión de delito.

La presentación ante Fiscalía incluyó documentación formal, respaldada por el abogado Ricardo Cáceres. A la instancia también acudieron apoderados de la comuna, para apoyar la denuncia.

El problema de la alta precarización de las escuelas puertomontinas se arrastra desde hace años. Pero últimamente, con la vuelta a clases presenciales se ha evidenciado aún más.

Las situaciones denunciadas por los apoderados de la Escuela Mirasol en una movilización esta semana se repiten a lo largo de la comuna. Así también lo ha podido comprobar el concejal Juan Carlos Cuitiño. Ejerciendo su labor fiscalizadora, el edil ha logrado recorrer cerca de un tercio de las escuelas de la comuna, y hoy continúa en esa tarea.

Cuitiño compartió algunas de las situaciones más graves que ha podido constatar en terreno. Entre ellas, la falta de calefacción, infraestructura precaria, y falta de administración interna para resolver problemas de infraestructura. Además, existirían sobresueldos y sobredotación de personal. 

La denuncia

Dentro de la documentación que acompañó la denuncia del concejal se encuentran los montos de dinero percibidos por la Municipalidad de Puerto Montt por concepto de los programas de subvenciones escolares que no han sido acreditados.

Según esta información, la situación se repite año tras año desde al menos el 2014, cada vez por montos similares, hasta la última rendición de fondos correspondiente al año 2019. El 2016, por ejemplo, hubieron 5 mil millones de pesos que no fueron rendidos.

Como señala el concejal en esta denuncia formal, los hechos podrían ser indicativos de diferentes delitos. Entre ellos, apropiación indebida y malversación de fondos públicas.

En la oportunidad, el edil lamentó que otros órganos estatales no hayan buscado resolver esta situación. “Antes de nosotros está Contraloría y la Superintendencia de Educación, el Consejo de Defensa del Estado. Habiendo tantos recursos y facultades ellos han hecho caso omiso, han abandonado su deber”, denunció.

“Antes de nosotros está Contraloría y la Superintendencia de Educación, el Consejo de Defensa del Estado. Habiendo tantos recursos y facultades ellos han hecho caso omiso, han abandonado su deber”.

Juan Carlos Cuitiño, concejal de Puerto Montt

Otro tema de preocupación para Cuitiño es “que se están inyectando recursos frescos municipales que deberían inyectarse en las necesidades de la comuna. Esos recursos millonarios que se han aprobado en el Concejo, y que yo he rechazado, son transferidos al Departamento de Educación”, afirmó.

Citan a Albán Mancilla al Concejo Municipal

Otra acción tomada buscando esclarecer esta situación es la citación de Albán Mancilla, director subrogante del Departamento de Educación, al Concejo Municipal.

El objetivo es que el director (s) presente en que condiciones se encuentra la reestructuración del Departamento de Operaciones del DAEM. Proceso que se está llevando a cabo hace por lo menos 6 meses.

“Queremos abordarlo desde un punto de vista económico, operacional y administrativo. Ese es nuestro objetivo, que se mejore la educación pública para los niños más vulnerables de nuestra comuna” señaló el concejal Cuitiño. 

La moción fue aprobada por los concejales Fernando Binder (RN), Yerco Rodríguez (UDI), Emilio Garrido (DC), Evelyn Chávez (RD) y Juan Carlos Cuitiño. Este concejo municipal extraordinario será transmitido este lunes 28 de marzo en un horario por confirmar en las redes del concejal Cuitiño.

La auditoría externa

Una tercera instancia mediante la cual los concejales buscan aclarar los hechos ocurridos es una auditoría externa al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Montt.

En cuanto a este proceso, el concejal Cuitiño explica que existen diferencias entre los concejales y la administración respecto a cual debe ser el objeto de la auditoría. Ya que la administración busca abarcar las áreas de Municipalidad, Salud y Educación.

Mientras que la preferencia de los ediles es priorizar e incluir solamente Educación. “Esto por un tema de los montos. Mientras más amplia sea una investigación, más cara es la licitación. En eso estamos, supuestamente nos entregarán prontamente una respuesta respecto a lo que estamos solicitando”, señaló el concejal.

Redacción: Manuela Barrueto

Padres y apoderados de la Escuela Mirasol de Puerto Montt realizaron una protesta la mañana de ayer, con el apoyo de los dirigentes vecinales del sector. Los manifestantes se movilizaron desde la escuela hasta el edificio municipal ubicado en San Felipe para visibilizar las malas condiciones del establecimiento educacional.

Gran parte de las situaciones que la comunidad reclama son problemas de infraestructura, como canaletas dañadas, presencia de escombros, falta de calefacción, techos dañados y presencia de goteras en gran parte del establecimiento.

Piden construcción del gimnasio comprometido

Además, los padres aseguran que hoy los niños no tienen donde jugar o realizar actividades recreativas más que a la intemperie, en un patio que se encuentra en mal estado y no tiene áreas verdes. Para solucionar aquello, se planeaba construir un gimnasio para la escuela.

El municipio de Puerto Montt decidió postular este proyecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Lo que obtuvo la aprobación del Concejo Municipal en octubre del año pasado, sin novedades a la fecha.

“Los niños necesitan un colegio digno”

Juan Huaquin, lonco mapuche, es ex apoderado y hoy tiene a dos de sus nietos en el colegio. Es por ello, que decidió apoyar la manifestación. “Los niños necesitan un colegio digno. No puede ser que las autoridades estén calentitas en sus oficinas mientras los niños pasan frío, señaló”.

El dirigente mapuche aseguró que gestionarán reuniones con los presidentes de los apoderados de todos los colegios municipales. De esta forma, buscan unir fuerzas y realizar manifestaciones masivas para lograr una respuesta de las autoridades.

Redacción: Manuela Barrueto

Fotografías: Cedidas

Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas de cárcel en contra de 10 miembros del Ejército en retiro por quemar vivos a dos jóvenes en 1986. El denominado Caso Quemados se recuerda como uno de los peores episodios de la dictadura de Augusto Pinochet.

El delito corresponde al homicidio calificado de Rodrigo Andrés Rojas de Negri y el homicidio calificado, en grado de frustrado, de Carmen Gloria Quintana Arancibia, ocurrido hace 36 años en Estación Central, Santiago.

El fallo unánime del tribunal rectificó la sentencia dictada, en primera instancia en 2019 por el ministro en visita Mario Carroza.

20 años de cárcel para los autores del crimen

El tribunal de alzada condenó a Julio Castañer, Iván Figueroa, Nelson Medina y Pedro Fernández Dittus a 20 años de presidio en calidad de autores. Y a Leonardo Riquelme, Walter Lara, Juan Ramón González y Pedro Franco a 10 años y un día en calidad de cómplices de los delitos.

Por otro lado, Francisco Vásquez y René Muñoz deberán cumplir una pena de tres años y un día como encubridores del crimen de Rojas. A ello se suman 541 días de presidio como encubridores del homicidio frustrado de Quintana.

El Caso Quemados

Un dos de julio de 1986, la entonces estudiante Carmen Gloria Quintana y el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri se encontraban en una jornada de protesta contra la dictadura, este último por su trabajo para una agencia internacional.

Fue entonces cuando una patrulla militar detuvo a las víctimas. Posteriormente los militares los golpearon y rociaron con gasolina, para luego quemarlos vivos. Luego, los condenados arrojaron a las víctimas a una zanja en las afueras de santiago, en la comuna de Quilicura.

Rodrigo Rojas murió horas después, pero Carmen Quintana, de 17 años logró sobrevivir. La crueldad a la que los sometieron provocó revuelo y protestas a nivel nacional e internacional, especialmente en Estados Unidos, país de residencia de Rojas.

A 32 años del fin de la dictadura, muchas de las víctimas aún continúan esperando que llegue la justicia. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado en este periodo, de los cuales 1.192 aún son detenidos desaparecidos. Mientras que se torturó y encarceló a otras 33.000 personas.

Redacción: Manuela Barrueto

Fotografías: Museo de la Memoria

Como “dramática” calificó el alcalde de Puerto Montt Gervoy Paredes la situación de alta congestión vehicular que afecta a la comuna. El edil asegura que la restricción vehicular sería una solución rápida y efectiva para el problema mientras se buscan otras estrategias.

Los gremios del transporte manifestaron estar de acuerdo con la medida, pero agregaron que no será suficiente para enfrentar la problemática actual. Déficit de conductores para los diferentes servicios, y tener que competir con los vehículos ilegales son algunas de sus preocupaciones.

Aumento explosivo de la población

El alcalde de Puerto Montt se refirió al tema en un punto de prensa convocado luego de una reunión con los dirigentes de los gremios del transporte comunal. Allí manifestó su preocupación por la alta densidad de población que presenta la comuna.

En cuanto a vehículos, esto se traduce en 80 mil permisos de circulación entregados por el municipio anualmente. Esto sin contar, agregó, a quienes lo pagan en otros lados, ni quienes acuden a la ciudad ocasionalmente por trámites.

Es por ello que el edil decidió solicitar al Ministerio de Transportes que evalúe la aplicación de restricción vehicular para la comuna. A priori, el edil descartó aplicar esta medida a la locomoción colectiva, el transporte escolar y las empresas estratégicas.

Además, realizó un llamado a la ciudadanía. “Todos tenemos que sacrificarnos aquí. Legítimamente uno compra su vehículo. Todos quieren estacionarse en el centro de Puerto Montt y es imposible. Por lo tanto vamos a tener que solidarizar entre nosotros y ver esto como una solución”, aseguró.

La visión de los gremios

El Presidente de la Asociación Gremial de transportes Urbanos, Rubén Sáez se mostró de acuerdo con la restricción vehicular. Sin embargo, aclaró que lo que necesitan actualmente son vías exclusivas, sobre todo en horas punta y en las zonas más complejas. “Sino esto no va a solucionarse. Las calles no están aptas para que transite tanto vehículo”, señaló.

El dirigente agregó que actualmente tienen un déficit de cerca de 250 conductores, quienes en su mayoría cambiaron de ocupación durante la pandemia, hoy la mayoría de ellos se dedica al comercio. Es una situación que buscan trabajar junto a Sence, entidad que se encuentra capacitando conductores, y ya cuenta con un grupo de personas capacitadas.

Otra perspectiva entregó Mario Marambio, presidente de la Asociación Gremial de Taxis y Colectivos Puerto Montt. El dirigente manifestó su preocupación, ya que “se dan noticias rimbombantes, donde la ciudadanía y también los gremios nos enamoramos de ciertos anuncios que después no se cumplen o se demoran más de lo prometido”.

Preocupación por conductores ilegales

Un gran foco de conflicto para Marambio son los conductores de la locomoción ilegal. Para el dirigente incluso es posible que ellos entreguen un mejor servicio, porque “ellos evitan la congestión, pueden andar por cualquier parte”.

Marambio agregó que han logrado percatarse de que el 50% de los vehículos ilegales está conducido por personas que trabajaron en la locomoción colectiva. Además, señaló que “una gran parte de personas que tienen locomoción ilegal son funcionarios públicos, inclusive de instituciones uniformadas”.

“Una gran parte de personas que tienen locomoción ilegal son funcionarios públicos, inclusive de instituciones uniformadas”

Mario Marambio, presidente de la Asociación Gremial de Taxis y Colectivos.

Desilusionado, el dirigente aseguró que no se han sentido apoyados ni por Carabineros ni por el anterior seremi de Transportes. Marambio agregó que Carabineros “nos coopera muy poco”, ya que no realizan una fiscalización vehicular real.

“Tenemos una competencia que es ilegal y cuando pedimos fiscalización nos fiscalizan a nosotros, no a los ilegales”. Sobre lo mismo, añadió que “el seremi anterior no nos pescó para nada, esperamos que en este Gobierno nos cooperen”.

Redacción: Manuela Barrueto

En una votación unánime, el Concejo Municipal de Puerto Montt aprobó la revocación de hijo ilustre al sacerdote Eduardo Tampe, denunciado por abuso sexual. La denunciante es una mujer adulta quien realizó la acusación en diciembre del año 2019.

La revocación fue impulsada por la concejala Evelyn Chávez. La edil relata que desde se enteró de la situación comenzaron a recopilar antecedentes. De esta forma, solicitaron un recuento de los hechos por escrito a la entidad que recibió la denuncia de la presunta víctima, el Centro de Prevención y Reparación de Abusos de la Compañía de Jesús.

Desde la institución acotaron que una vez recibida la denuncia se inició una investigación a cargo de un abogado externo. El jurista, luego de una “acuciosa indagatoria”, estimó que el hecho denunciado fue verosímil. Luego de finalizada la investigación se sancionó al sacerdote con ” la restricción total de su labor pastoral”.

Revictimización

La concejala Evelyn Chávez recalcó que la importancia de actuar en estas situaciones proviene de la revictimización que ocurre en los afectados. “Las víctimas lo pasan mal no sólo por el mismo hecho del abuso, sino porque se les sigue rindiendo pleitesía a estos personajes”.

Por otro lado, la edil también aseguró que este triunfo es una más de las transformaciones que ocurren con la llegada del movimiento feminista a lugares de autoridad. En particular, agregó la concejala, como Apruebo Dignidad y el Frente Amplio han buscado hablar de temas como el feminismo y la perspectiva de género. Además de levantar una Comisión de Género (también llamada Comisión de Diversidad) en diferentes municipalidades.

Otro hijo ilustre de Puerto Montt cuestionado

Chávez se refirió además a otro caso de un hijo ilustre cuya distinción buscan revocar. Se trata de Rodolfo Stange Oelckers, quien recibió la distinción durante la dictadura, en el año 1986. Stange fue director general de Carabineros de Chile entre 1985 y 1995, e integrante de la junta militar.

“Vamos a reunir los antecedentes al respecto para trabajar en el tema, con el respaldo de las agrupaciones de Derechos Humanos. Ya que sin ellos no podríamos deslegitimar a estas personas que en época de dictadura no fueron más que cómplices del dictador”, aseguró la concejala.

Por otro lado, la edil llamó a la comunidad a acercarse y compartir sus preocupaciones a través de los canales de contacto y de redes sociales de su concejalía. Chávez finalizó señalando: “seguimos en este Gobierno que es feminista y en el que no queremos ocultar a nadie bajo la alfombra”.

Redacción: Manuela Barrueto