Columna de Eduardo Ocampo

Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas

Magíster en Ciencias Sociales

Terminó un mes de julio que, a pesar del contexto de pandemia, se caracterizó por una serie de acontecimientos de enorme trascendencia, que se enmarcan en una larga y profunda crisis del orden económico, social y constitucional del neoliberalismo en Chile, que encontró su punto más alto en las históricas movilizaciones populares iniciadas desde el 18 de octubre del 2019.

10%: Más allá de las razones técnicas, un triunfo de las mayorías trabajadoras

La reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, logró trascender ampliamente las esferas del debate parlamentario. Con rapidez, se convirtió en una bandera que sintetizó, al menos, la necesidad de millones de familias de contar con más ingresos para enfrentar la crisis social y sanitaria, el hastío contra las AFP (precedido por los múltiples esfuerzos realizados por la Coordinadora y movimiento por No + AFP), y la voluntad de la inmensa mayoría del país por arrebatarle una conquista a una élite política comprometida con el modelo económico y una industria que hasta el momento se mostraba intocable.

Tras la presentación del proyecto de reforma, y ante la evidencia de su apoyo popular abrumador, la respuesta inmediata del gobierno, las AFP y el gran empresariado fue de rechazo frontal: Contra las pensiones futuras, contra la economía e, incluso, contra la democracia, sostuvieron en las innumerables plataformas comunicacionales a su servicio. De esta forma, se configuró un campo de disputa de “David contra Goliat”, donde David no sólo estuvo dispuesto a pelear sino a ganar.

El contenido de la reforma, que no altera de forma estructural los pilares del sistema de las AFP, y la debilidad del gobierno, generó incentivos para el desorden de Chile Vamos, votando decenas de parlamentarias y parlamentarios de la coalición de derecha a su favor. Aparecer al lado de Piñera, Briones, Blumel, y la Asociación de AFP, demostró no ser atractivo para grupos que, calculadora en mano, se preparan para el ciclo electoral 2020 – 2021 en el cual se juegan sus reelecciones.

Cada uno de los momentos decisivos de la discusión legislativa contó con una presión social alta que se tradujo en cacerolazos, acciones callejeras, paralizaciones y advertencias de sectores estratégicos de la economía, y en un seguimiento de cientos de miles de personas de las sesiones y votaciones en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado.

Fue tan inapelable la derrota del gobierno y de una parte de Chile Vamos que, tras la aprobación de la reforma en la Cámara con 116 votos a favor y sólo 28 en forma, Piñera, Allamand y Van Rysselberghe anunciaron que no recurrirían ni al veto presidencial. La respuesta popular fue ilustrativa de cómo se asumió la disputa: Celebraciones por la aprobación de un cuerpo legislativo, como no se tenía memoria en el período de la postdictadura.

Prisión preventiva para Pradenas: El movimiento feminista, como expresión de cambio, no está en cuarentena

El suicidio de Antonia Barra a fines del 2019 en Temuco conmocionó al país, desencadenó la denuncia masiva y transversal contra su violador Martín Pradenas y activó múltiples esfuerzos por justicia impulsados por la fuerza de la familia de Antonia y del movimiento feminista. Caso que tuvo en el mes de julio el inicio de su proceso judicial con una enorme expectación pública.

En la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Temuco dictó la medida cautelar de arresto domiciliario en contra de Pradenas y la prescripción de otros 2 casos de abuso sexual (entre 5) denunciados por jóvenes que sumaron sus testimonios al caso de Antonia Barra. Audiencia que, según fuentes del Poder Judicial, alcanzó cerca de un millón de conexiones siendo, por lejos, el hito judicial más seguido desde la implementación de las transmisiones digitales. La insuficiencia de la medida cautelar del arresto domiciliario, absurda en contexto de restricción de movilidad y toque de queda, junto a la prescripción de 2 casos, representó la impunidad frente a la violencia contra las mujeres y el carácter patriarcal del sistema judicial, cuando se trata además de un hombre que cuenta con la protección de grupos de poder de la región. Lo que despertó la indignación de mujeres y de amplios sectores sociales, generando, multitudinarias movilizaciones en las calles, en Temuco y todo Chile. Protesta que llegó hasta las puertas mismas del domicilio de Pradenas.

Días después, la Corte de Apelaciones de Temuco revirtió la medida cautelar del arresto domiciliario dictando la prisión preventiva, acogiendo así la exigencia de la familia de Antonia Barra y la Fiscalía, lo que fue considerado como un acto mínimo de justicia significativo, más dados los argumentos esgrimidos por la corte que reconocen la perspectiva de género en el proceso judicial. Cambio de medidas cautelares que no pueden ser explicados sin las denuncias, seguimiento y movilización social vinculada al caso.

La derecha busca recuperar la iniciativa: Gabinete del rechazo y racismo institucional y civil

Tras sucesivas derrotas políticas, la pérdida de capacidad de conducción del gobierno y la desarticulación de Chile Vamos, Piñera se vio obligado a realizar un nuevo cambio de gabinete, el cual fue bautizado de inmediato como el “gabinete del rechazo”, dada su clara inclinación en el Plebiscito Constitucional previsto para el 25 de octubre. Pérez (UDI), alcalde designado por Pinochet en Los Ángeles, aliado de Colonia Dignidad, asumió el Ministerio del Interior, Bellolio (UDI), quien recientemente anunció que pasó del Apruebo al Rechazo, Vocería, y Allamand, uno de los más decididos articuladores del Rechazo y de la oposición al retiro del 10% de las AFP, Relaciones Exteriores. Desbordes, quien oficiaba de voz disidente al interior de Chile Vamos, lo hizo en Defensa.

Bastó un par de días para que el sello del nuevo gabinete quedara de manifiesto. Pérez realizó su primera visita a la Región de la Araucanía tras la huelga de hambre de casi 100 días del machi Celestino Córdova y la toma de municipalidades por comunidades mapuche para exigir los derechos de sus presos políticos y sus reivindicaciones territoriales históricas. Pérez, consistente con su trayectoria de extrema derecha, negó la existencia de presos políticos, llamó a aislar a “violentos”, presionó para el desalojo de las municipalidades, al tiempo que mantenía reuniones con sectores antimapuche, reforzando así que para la derecha y grandes empresarios el conflicto es de seguridad pública y no así de naturaleza política. Sólo horas después, agitados por la “Asociación de paz y reconciliación en la Araucanía”, grupos de civiles, algunos de ellos armados, fueron a asediar las municipalidades de Curacautín y Victoria para forzar el desalojo de las comunidades, atacando a mapuche, sus símbolos y propiedades, destruyendo parte de las instalaciones de las municipalidades, al calor de consignas racistas, todo esto en abierta colaboración de agentes de Fuerzas Especiales de Carabineros en medio del toque de queda. Acontecimientos que, por su nivel de articulación, dan cuenta de una acción concertada con involucramiento político, policial y civil.

Los ataques racistas en Curacautín y Victoria, además de condenables, son señales categóricas de sectores del poder de la zona y de Chile. Desde el gobierno, el intento de recuperar la iniciativa con su agenda tradicional de defensa del orden público y del régimen de propiedad, y desde los sectores dominantes en general, entre los que se encuentra el gobierno y la derecha, de promover la polarización y confrontación civil, movilizando el racismo anidado en la sociedad, contando con policías, militares y las estructuras estatales de seguridad interior. Enfrentando de esta forma, entre otras estrategias y repertorios, no sólo al movimiento mapuche sino a las múltiples expresiones de cambio fortalecidas en la sociedad.  

Julio como ejemplo de la potencia y límites del proceso de transformación en Chile

Por lo tanto, Julio fue de dulce y agraz. Dulce, porque la movilización social masiva y transversal está plenamente vigente, a pesar del contexto de crisis sanitaria, lo que evidencia que el ciclo abierto desde el 18 de octubre no se ha cerrado ni mucho menos, y que existe una voluntad popular de resistencia y cambio múltiple y diversa compuesta por sujetas y sujetos, organizaciones, redes, movimientos y territorios que siguen allí y que, en algunos casos, incluso se han fortalecido. Y agraz porque, a pesar de las sucesivas derrotas políticas de la derecha, el proceso constituyente social en marcha, y la inminencia de un triunfo de las opciones Apruebo y Convención Constitucional en el Plebiscito previsto para octubre del presente año, la derecha y los sectores dominantes en general siguen contando con los recursos del poder para formar una opinión pública conservadora, agitar el racismo y la confrontación civil, utilizar discrecionalmente policías y militares, y tienen la voluntad a recurrir a ellos con total determinación para impedir, a toda costa, que se abra camino un proceso de conquistas democráticas en Chile, como quedó de manifiesto con la instalación del nuevo gabinete. Tiempos para un optimismo realista, donde lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir.